Un juez federal de Argentina ordenó el desafuero y el arresto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento de un atentado antisemita de hace más de dos décadas, una decisión que complicaría la situación de la actual senadora, la principal opositora al Gobierno.

En un fallo fechado en la víspera pero que se hizo público el jueves, el juez Claudio Bonadio también pidió el procesamiento del excanciller Héctor Timerman, pero con el beneficio de prisión preventiva domiciliaria por su estado de salud, y el arresto de otros dos aliados políticos de Fernández.

Argentina ha acusado a Irán de un ataque antisemita que dejó 85 muertos en Buenos Aires en 1994, pero las pesquisas están estancadas después de más de 20 años de investigaciones.

La causa por supuesto encubrimiento, que fue desestimada por varios jueces antes de llegar al despacho de Bonadio, empezó en enero de 2015 -cuando Fernández aún era presidenta- por una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto en su departamento días después de hacer su controversial acusación.

Nisman denunció un supuesto complot del Gobierno de Fernández para encubrir a los iraníes responsables de un atentado a la mutual israelita AMIA, sobre quienes pesan pedidos de captura internacionales de Interpol desde hace años.

El Senado argentino está en receso hasta marzo, por lo que podría decidir el año próximo sobre el pedido judicial para remover la inmunidad parlamentaria de Fernández.

"Cuando entre el pedido de desafuero (de Fernández) lo analizaremos con seriedad y responsabilidad. No se trata de hacer política partidista sino de que funcionen las instituciones bien", escribió en Twitter el presidente provisional del Senado, el oficialista Federico Pinedo.

En noviembre, en una situación pocas veces vista, la Cámara de Diputados votó por quitarle los fueros al exministro Julio de Vido, en respuesta de un pedido judicial similar en una causa por corrupción.

Sin embargo, no está claro qué pasará en el Senado con el pedido de desafuero de Fernández, ya que las alianzas políticas están en una etapa de redefinición tras la renovación de un tercio de las bancas en las elecciones de octubre pasado.

"En este caso hay una causa de tipo netamente política, de una evaluación que hace un juez (sobre) el sentido de un acuerdo diplomático", dijo el senador Rodolfo Urtubey, un antiguo aliado de Fernández.

" CACERÍA "

Aunque exfuncionarios han calificado a la acusación del fallecido Nisman como "ridícula", líderes de la comunidad judía creen que la investigación del fiscal tenía fundamentos.

"Lo que investigaba el fiscal Nisman tenía cierta solidez (...) Hay pruebas que sostienen la denuncia", dijo a la televisión local Ariel Cohen Sabban, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

La acusación considera que un memorando de entendimiento firmado en 2013 entre Argentina e Irán para trabajar juntos y conformar una comisión internacional para investigar el caso AMIA en realidad buscaba exonerar a los iraníes acusados.

Exfuncionarios de Fernández argumentan que ese acuerdo apuntaba a reactivar el caso, que está trabado desde hace años.

"No hay ningún delito tipificado en la denuncia", dijo a Reuters recientemente un funcionario judicial que investigó el caso.

En la madrugada del jueves, la justicia también detuvo al exsecretario del área legal y técnica del Gobierno de Fernández y candidato a vicepresidente en las últimas elecciones presidenciales, Carlos Zannini, en la ciudad de Río Gallegos, en la patagónica provincia de Santa Cruz.

Casi al mismo tiempo, el dirigente político Luis D'Elía -un antiguo aliado de Fernández- fue detenido en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

"Han desatado una cacería" sobre los opositores, dijo a una radio local Agustín Rossi, actual diputado y exministro de Fernández. "El responsable de esta cacería es el presidente Mauricio Macri".

Otros exfuncionarios de la administración de Fernández y hasta la misma expresidenta -que gobernó Argentina entre 2007 y 2015- están siendo investigados por acusaciones de corrupción. Varios de sus exfuncionarios incluso ya están tras las rejas.

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