Protestas en Guatemala
Foto: Esteban Biba / Archivo

Jimmy Morales y su disputa contra el titular de la Cicig

04/09/2018
22:15
José Meléndez / corresponsal
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El presidente de Guatemala logró, finalmente, cerrar las fronteras guatemaltecas al abogado colombiano Iván Velásquez, responsable de una instancia avalada por la ONU para combatir la corrupción en el país centroamericano

San José.- Después de más de un año de fuertes enfrentamientos políticos y judiciales, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, logró despojarse este martes de la presencia en Guatemala de uno de los personajes más incómodos para su gobierno: el abogado colombiano Iván Velásquez, zar anticorrupción y jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En una nueva decisión controversial, el mandatario aprovechó que el presidente de la CICIG viajó el 3 de septiembre de Guatemala a Estados Unidos y ordenó a todos los puestos migratorios guatemaltecos prohibirle su reingreso a suelo guatemalteco, aparentemente previsto para finales de esta semana.

La orden de impedir el retorno de Velásquez, de 63 años, a Guatemala, fue dictada hoy por Morales; sólo cuatro días después de que el mandatario notificó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, que desistió de pedir al organismo mundial la renovación del mandato de la CICIG.

Por impacto de esa medida, la Comisión, que desde 2007 se transformó en uno de los principales instrumentos de lucha contra la corrupción política en Guatemala y nació en 2006 con el aval de la ONU, fenecerá el 3 de septiembre de 2019.

En una declaración que emitió este martes, el gobierno de Guatemala comunicó públicamente que el Consejo de Seguridad Nacional recomendó a Morales prohibir el ingreso a territorio nacional” de Velásquez “por considerarle una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”.

Morales hizo del conocimiento” de Guterres que atender la recomendación del Consejo y ha dispuesto prohibir el ingreso” del colombiano a Guatemala, añadió la declaración.

El gobernante instó a Guterres a designar al sustituto de Velásquez. Pese a la orden de cerrar fronteras a Velásquez, el gobierno recalcó que “es y será respetuoso del plazo del mandato vigente de la CICIG” hasta el 3 de septiembre de 2019, agregó el documento.

De manera paralela, la guatemalteca Raquel María Vicente, coordinadora de la Subdirección de Control Migratorio de la Dirección General de Migración de Guatemala, informó a los jefes de los puestos migratorios de ese país que Velásquez “tiene impedimento para ingresar al territorio nacional”.

Convertido el primero de octubre de 2013 en jerarca de la CICIG, Velásquez asumió un activo papel desde 2016 con la Fiscalía General (Ministerio Público) para tratar de cerrar el cerco sobre el presidente por presunto financiamiento ilícito en las elecciones que Morales ganó en 2015. El presidente rechazó reiteradamente los cargos en su contra.

Morales argumentó el viernes anterior que determinó abstenerse de pedir la renovación del mandato de la Comisión porque a pesar de sus intensos esfuerzos políticos, nunca logró que la CICIG se apegara a la ley y evitara que “muchos de sus integrantes” indujeran a personas e instituciones a “participar” en corrupción e impunidad.

La acción del Jefe de Estado fue repudiada por numerosas organizaciones no estatales guatemaltecas de la sociedad civil y por distintos gobiernos de Europa.

La estatal Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala dejó abierta este martes la posibilidad de que el impedimento de entrada de Velásquez sea revertido por orden judicial.

Los choques de Morales con Velásquez llegaron a un punto máximo previo de tensión en 2017 por el caso del financiamiento electoral. Sin éxito, el presidente intentó en agosto de ese año expulsar al colombiano de Guatemala, le declaró no grato y exigió su salida del país.

No obstante, la Corte de Constitucionalidad rechazó la pretensión presidencial, que coincidió con un primer trámite que la CICIG impulsó ese mes, en asocio con la Fiscalía, para procesar judicialmente al mandatario y despojarle de la inmunidad, por el supuesto financiamiento electoral ilícito. La gestión de la Comisión y de la Fiscalía fracasó, porque fue rechazada por el Congreso de Guatemala en septiembre de 2017.

Un segundo proceso similar fue desplegado por la CICIG y la Fiscalía a mediados de agosto anterior y está pendiente resolución en el Congreso.

En ese contexto, Morales ordenó negar el reingreso a Guatemala del máximo dirigente de la CICIG, instancia con el mandato de de la ONU de combatir la corrupción en esa nación.

Creada el 12 de diciembre de 2006 por la ONU y el gobierno de Guatemala, la CICIG comenzó su labor el 4 de septiembre de 2007, en una misión renovable cada dos años.

Los gobiernos guatemaltecos de turno pidieron sucesivamente prolongar su mandato y la última solicitud la planteó Morales el 15 de abril de 2016, para el periodo del 4 de septiembre de 2017 al 3 de septiembre de 2019.

Un fuerte choque de Morales con la CICIG ocurrió en septiembre de 2016, cuando la Comisión y el Ministerio Público (MP) encarcelaron al hijo del presidente, José Morales, por supuesto fraude, y al hermano, Samuel Morales, por presunto fraude y lavado de capitales, en aparente corrupción con dineros estatales.

Por indagación del MP y la CICIG, los ex presidentes guatemaltecos Álvaro Colom (2008—2012) y Otto Pérez (2012—2015) están presos por presunta corrupción.

agv

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