Jesuitas denuncian desalojo de sacerdotes en vivienda de Nicaragua, cercana a universidad clausurada

Nicaragua pidió el sábado a seis sacerdotes de la Compañía de Jesús que desalojaran una residencia contigua a una universidad jesuita confiscada esta semana por el Estado bajo cargos de terrorismo, denunció la orden religiosa.

"Los seis miembros de la comunidad obedecieron las órdenes de la autoridad y se retiraron de la vivienda. Los jesuitas desalojados se encuentran bien en un lugar seguro", afirmó la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús indicó en un comunicado.

Agentes policiales y judiciales indicaron a los religiosos que la vivienda también era propiedad estatal como la Universidad Centroamericana (UCA), cuyos bienes y fondos pasaron a manos del Estado el miércoles tras acusarla de ser un "centro de terrorismo".

La jefatura regional de los jesuitas dijo que los religiosos "mostraron a los agentes la documentación de escritura de propiedad que afecta a la vivienda como un bien diferente de la UCA y propiedad de la Compañía de Jesús".

"Sin embargo, los agentes hicieron caso omiso de la documentación y se les ordenó dejar la casa, permitiéndoles sacar únicamente algunos objetos de uso personal", agregó la jefatura regional de los jesuitas desde su sede en San Salvador.

"La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús condena este atropello y manifiesta su confianza en que el Señor de la Historia siga acogiendo bajo su bandera a los jesuitas de Nicaragua en estos momentos", agregó el comunicado.

Después de la confiscación de la UCA, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), organización rectora de las universidades de Nicaragua, canceló su autorización de funcionamiento y decidió la creación de una universidad estatal para funcionar en su lugar.

Las autoridades de Gobernación (Interior) también cancelaron la personería jurídica de la UCA, fundada en 1960, en cuyas instalaciones el CNU juramentó el viernes a las autoridades de la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.

El gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia católica y varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales.

El obispo Rolando Álvarez, detenido en agosto de 2022, fue condenado en febrero a 26 años de cárcel por menoscabar la integridad nacional, entre otros cargos.

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