ICE, detenciones silenciosas

Miami.— Tras meses de redadas masivas, protestas y enfrentamientos en distintas ciudades de Estados Unidos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) transformó su ofensiva en una operación dispersa, rápida y silenciosa. Los agentes arrestan frente a domicilios, en carreteras, tribunales, cárceles, centros de trabajo y citas migratorias; decenas de cuerpos de policías locales se han sumado al alcance de ICE y los detenidos son trasladados a otros estados de la Unión Americana en cuestión de horas. Esta estrategia llevó las capturas a cifras récord y redujo la capacidad de respuesta de las comunidades.

El cambio tomó forma tras los operativos militarizados en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, donde agentes federales golpearon a manifestantes, lanzaron irritantes químicos, sacaron a personas de vehículos y mataron a dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, en acciones que generaron movilizaciones en distintos estados del país en rechazo a los despliegues.

El presidente Donald Trump removió a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras meses de críticas bipartidistas sobre su conducción en la agencia. Su sucesor, Markwayne Mullin, defendió ante el Senado una nueva estrategia apoyada en las policías locales: “Me encantaría que ICE se convirtiera más en transporte que en primera línea. Nosotros recogeríamos a esas personas directamente en las cárceles”, dijo.

Manifestantes sostienen pancartas para recordar a las personas que perdieron la vida durante operaciones del ICE en una vigilia frente al ayuntamiento de Providence, Rhode Island, el 25 de julio pasado. Foto: Joseph Prezioso/ AFP

“Lo que busca Mullin es reducir el protagonismo federal visible y conservar la capacidad de detener y deportar a migrantes detenidos por las policías locales”, comenta a EL UNIVERSAL la abogada del Proyecto Nacional de Inmigración, Gracie Willis.

La nueva mecánica opera en lugares donde las personas ya están obligadas a presentarse; agentes esperan fuera de los tribunales migratorios, vigilan domicilios, siguen vehículos, se colocan en estacionamientos donde migrantes esperan para ser llamados a algún trabajo y detienen a quienes acuden a citas periódicas con ICE. La rapidez impide que las redes comunitarias confirmen la presencia de agentes y movilicen abogados u observadores. Willis señala que “todo ha estado sucediendo muy rápido, al punto que la gente no alcanza a llegar para observar o grabar, informar”. La ausencia de concentraciones federales prolongadas reduce las posibilidades de documentar cada arresto y ha permitido que decenas de capturas separadas parecieran incidentes aislados.

Sin antecedentes

Un total de 43 mil 138 personas ingresaron a la custodia de ICE en junio, la cifra más alta desde mayo de 2019 y el mayor registro mensual del segundo gobierno de Trump. ICE arrestó directamente a 39 mil 563; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a las otras 3 mil 575. El promedio fue de mil 438 ingresos diarios y en los días de mayor actividad se informó de cerca de 2 mil arrestos por jornada.

La población encerrada alcanzaba las 65 mil 765 personas al 11 de julio, una cifra inferior al máximo de 70 mil 770 registrado en enero y superior en 5 mil 450 personas al dato de comienzos de abril. De los detenidos actuales, 46 mil 436, equivalentes a 70.6%, carecen de antecedentes penales. “Esto contradice la narrativa oficial que repite constantemente que las detenciones de migrantes se concentran en homicidas, pandilleros y delincuentes violentos”, subraya Willis.

Las expulsiones también han crecido; ICE reportó 356 mil 389 deportaciones entre octubre de 2025 y el pasado 11 de julio.

La sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite que ICE delegue facultades migratorias a agentes estatales y municipales. Al 21 de julio existían mil 813 corporaciones activas y 2 mil 177 acuerdos correspondientes a los distintos modelos del programa. Mil 465 acuerdos pertenecían al Modelo de Fuerza de Tarea, la modalidad más amplia, que autoriza a policías locales a colaborar con ICE en arrestos dentro de las comunidades. Una infracción de tránsito, una revisión de identidad, una detención municipal, el ingreso a una cárcel o cualquier situación donde la policía esté envuelta pueden activar una consulta migratoria y una entrega a las autoridades federales.

En Florida, policías de carreteras, policías universitarios, agentes de conservación ambiental y corporaciones de condados recibieron facultades para interrogar y detener por motivos migratorios discrecionalmente. Desde agosto de 2025, las agencias locales de ese estado reportaron al menos 10 mil arrestos migratorios realizados sin participación directa de ICE; la mayoría correspondió a la Patrulla de Carreteras de Florida.

Enviarlos lejos

Durante el primer año del segundo mandato de Trump, ICE envió a casi 41 mil 700 personas a otro estado dentro de las primeras 24 horas de detención, más del doble que durante el año anterior. Más de una de cada 10 personas fue sacada del estado el mismo día de su arresto. Los destinos principales son Texas, Louisiana y Mississippi, donde abundan los centros rurales y las decisiones judiciales suelen favorecer las políticas federales de detención.

El profesor de derecho César Cuauhtémoc García explica que este traslado tiene un impacto efectivo: “Si un abogado o un familiar llega a buscar a alguien —en instalaciones de ICE— le dicen: ‘esa persona ya no está aquí y desconocemos dónde se encuentra’”. El traslado separa al detenido de su familia, dificulta su localización, obliga a cambiar de tribunal y reduce el tiempo disponible para presentar una petición de libertad.

Aun así, las tres muertes recientes colocaron otra vez al ICE bajo vigilancia pública. Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, murió por disparos de un agente de ICE el 7 de julio en Houston, Texas. Joan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 26 años, fue abatido el 13 de julio en Biddeford, Maine. Juan Jairo Coronilla Durán, mexicano de 28 años, murió el 14 de julio en San Agustín, Florida, atropellado por un tractocamión cuando huyó después de que agentes federales se aproximaron al vehículo donde se encontraba.

“Las reglas federales ya restringen el uso de la fuerza letal a situaciones con una amenaza inminente de muerte o lesión grave, ordenan reducir la tensión y exigen que un agente evite colocarse deliberadamente en la trayectoria de un vehículo”, explica Willis. Desde el inicio del segundo gobierno de Trump se presentaron 56 denuncias por fuerza excesiva contra agentes de ICE; 32 fueron cerradas, una sola llegó a una posible sanción y ninguna había producido una medida disciplinaria hasta el 22 de julio.

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