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Nueva York.- La Fiscalía de Manhattan y un grupo de exfuncionarios de ambos signos políticos pidieron este jueves al Tribunal Supremo de Estados Unidos no paralizar la sentencia del presidente electo Donald Trump en su caso penal, prevista para mañana viernes.
Los abogados de Trump acudieron el miércoles al más alto tribunal, tras perder apelaciones en instancias inferiores, para pedir de emergencia que se detenga el procedimiento penal tras su condena en mayo de 2024 en el caso de los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels.
A falta de pronunciamiento del Supremo, este jueves la Fiscalía de Manhattan, la acusación en el caso, envió un documento para expresar su oposición a esa paralización, rechazando el argumento de la inmunidad presidencial y señalando que puede apelar la sentencia una vez se dicte.
"El tribunal del juicio ha tomado pasos extraordinarios para minimizar cualquier carga en el acusado", indican los fiscales, puesto que el juez Juan Merchan ha descartado imponerle una pena de cárcel, multa o libertad vigilada y le ha permitido presentarse a la audiencia virtualmente.
También enviaron un documento de refuerzo, conocido como "amicus brief", en oposición a que se paralice el proceso, un grupo de antiguos funcionarios de Gobiernos de ambos signos, incluyendo algunos de la primera Administración Trump, así como gobernadores, legisladores o fiscales.
Ese grupo, bajo el nombre State Democracy Defenders Action (SDDA), instó al Supremo a rechazar la petición de la defensa de Trump destacando que no hay base legal y señalando que un presidente electo no tiene inmunidad presidencial.
"Retrasar la sentencia porque el solicitante ganó las elecciones revertiría el imperio de la ley", advierte el grupo, encabezado por Donald Ayer, exfiscal general adjunto en la Administración de George H. W. Bush y Ty Cobb, letrado especial de Trump en su primer mandato.
Durante la espera de la decisión, se ha conocido que Trump tuvo una llamada esta semana, antes de la petición al Supremo, con uno de sus jueces, Samuel Alito, supuestamente para tratar la posible contratación de un trabajador de la corte en la nueva administración.
La llamada "personal", confirmada por el propio Alito ayer en una declaración, ha generado malestar en las filas demócratas y hoy el congresista Jamie Raskin, parte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, exigió a Alito recusarse del caso por falta de "ética" judicial.
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