La venezolana Luisa Ortega Díaz, destituida como fiscal General de ese país, presentó ayer en Costa Rica un tétrico panorama de la situación política, judicial y de los derechos humanos en Venezuela, sin democracia ni libertad. En tanto, el gobierno calificó de “fascista” y “enemigo” del pueblo a la alianza de partidos de la oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), después de que la coalición apoyara las recientes sanciones de Estados Unidos contra el gobierno del país caribeño.

En una rueda de prensa en esta capital, a la que llegó ayer en la mañana procedente de Colombia, Ortega Díaz dijo que a la grave crisis humanitaria por la escasez de alimentos, medicinas y bienes de consumo básico que sufren los venezolanos a diario, se añade una “sistemática violación a los derechos humanos”.

La ex fiscal venezolana se reunió ayer en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en esta capital, con los jueces del máximo tribunal continental.

“Hay un uso desproporcionado de gases tóxicos, con tratos crueles e inhumanos” por parte de las fuerzas de seguridad con órdenes de “mandos superiores” para enfrentar a los opositores, en un contexto que se complica porque “el derecho a la defensa [legal] no existe en Venezuela” y por la aplicación de torturas, afirmó.

Al recordar que más de 130 personas murieron en las protestas opositoras que sacudieron a Venezuela de abril a julio de este año, insistió en que la población está “indefensa” por el uso “desproporcionado de la fuerza” en su contra.

Las cárceles son “depósitos de seres humanos”, añadió esta mujer, quien con un historial como seguidora del chavismo, a finales de marzo pasado entró en choque con el gobierno del presidente Nicolás Maduro por oponerse a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el oficialismo, despojara de poderes a la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora.

Tras tildar de ilegítima a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), bajo control del chavismo y electa el pasado 30 de julio en comicios catalogados por la oposición como una farsa, Ortega aseveró que el régimen venezolano decidió la “aniquilación de la disidencia política”.

La ex fiscal reiteró que su destitución, ejecutada por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de este mes, es “ilegítima”.

Sometida a un intenso acoso del chavismo, la destituida fiscal logró salir de Venezuela y el 18 de agosto, se confirmó su presencia en Colombia en compañía de su esposo, el diputado oficialista Germán Ferrer, también perseguido por el chavismo. “Si regreso a Venezuela me van a detener, a torturar y a desaparecer”, alertó y añadió: “Podrían contratar a sicarios para acabar con mi vida”.

En tanto, el Ministerio de Información de Venezuela tachó ayer de “fascista” y “enemigo” del pueblo a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), luego de que la coalición apoyara las sanciones impuestas por EU contra el país caribeño.

Según una nota del Ministerio, el texto de la MUD no es un comunicado sino “una petición de guerra contra Venezuela”, y “no tiene precedentes en la historia contemporánea de la política” nacional.

"Parece imposible de creer que un sector que hace vida política en la República Bolivariana de Venezuela, se muestre abiertamente servil a los intereses foráneos, y pida una intervención militar para nuestro país”, destacó en el texto y dijo que esta posición de la MUD es la “más fascista de todos los comunicados que jamás se hayan leído”.

La MUD manifestó ayer su respaldo a las sanciones a los “violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos” que, según la oposición, gobiernan Venezuela. “Siempre contarán con nuestro apoyo en ausencia de una justicia imparcial en Venezuela”, explicó la coalición. Con información de agencias

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