EU pone en la mira la fortuna de Ortega y de sus socios

El Departamento del Tesoro alertó que, si se agrava la crisis nicaragüense, el mandatario y sus aliados podrían sacar dinero sucio de Nicaragua y otros países e introducirlo en instituciones financieras estadounidenses
La decisión fue notificada ayer por la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento del Tesoro de EU. FOTO: ESPECIAL
La decisión fue notificada ayer por la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento del Tesoro de EU. FOTO: ESPECIAL
05/10/2018
12:15
José Meléndez / corresponsal
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San José.- El gobierno de Estados Unidos estrechó el cerco sobre el anillo de poder económico y la riqueza del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y alertó del riesgo de que, por el agravamiento de la profunda crisis que desde abril estalló en el país centroamericano, “figuras políticas extranjeras” ligadas al mandatario intenten sacar dinero sucio de bancos nicaragüenses y de otros sitios para introducirlo al aparato financiero estadounidense.

La decisión fue notificada ayer por la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento del Tesoro de EU.

En un reporte del que EL UNIVERSAL tiene copia y que está en el sitio digital del Tesoro, la Red anunció que emitió un aviso “para alertar” a las instituciones financieras estadounidense “sobre el riesgo creciente” de que las ganancias de la “corrupción política” procedente de Nicaragua “puedan entrar o atravesar el sistema financiero” de EU.

FinCEN “espera que las principales figuras políticas extranjeras conectadas al régimen” de Ortega “puedan reaccionar al percibir la amenaza de más disturbios, sanciones potenciales u otros factores” por los cuales deberían sacar activos de sus cuentas en Nicaragua o en cualquier otro lugar, puntualizó la alerta estadounidense.

“Estos activos podrían ser el producto de la corrupción y pueden ser dirigidos a cuentas de EU o lavados a través del sistema financiero de EU”, puntualizó.

FinCEN solicita a las instituciones financieras que presenten Reportes de Actividad Sospechosa, consistente con sus obligaciones existentes con el Acta de Secreto Bancario, cuando identifiquen un posible uso indebido de fondos públicos nicaragüenses o un producto potencial de corrupción política asociada con figuras políticas extranjeras de alto nivel relacionadas con el régimen de Ortega”, recalcó.

“Durante años”, Ortega y su gobierno hicieron elecciones fraudulentas, suprimieron a la sociedad civil y a los medios independientes de comunicación “y han robado dinero de los fondos del gobierno”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU, Sigal Mandelker.

“La violencia que el régimen de Ortega ha perpetrado contra el pueblo nicaragüense es despreciable y la comunidad financiera internacional debe estar en guardia para evitar la explotación por parte de los miembros del régimen corrupto”, afirmó.

La asesoría de FinCEN es una campaña de EU “para responsabilizar a las personas que cometen abusos contra los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua”, aseveró.

Precedido por múltiples confrontaciones desde que Ortega asumió la presidencia en 2007, al conflicto estalló el pasado 18 de abril con protestas callejeras antigubernamentales primero en repudio a una reforma a la seguridad social (que el mandatario debió derogar) y luego en un masivo e incesante reclamo nacional de democracia y justicia. Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta, está también en el blanco de las protestas opositoras, que rechazaron que en Nicaragua gobierne una dictadura dinástica.
 

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Emporio.

La resolución del Tesoro atacó uno de los factores hasta ahora menos visibles del hondo conflicto de Nicaragua: la fortuna de la familia Ortega Murillo, que comenzó a gobernar con afanes indefinidos y consecutivos a partir del 10 de enero de 2007.

La riqueza del conglomerado Ortega Murillo es clave. Amparados en una mezcla de partido—gobierno—estado, el presidente, la vicepresidenta y sus hijos—Rafael, Carlos Enrique, Daniel Edmundo, Juan Carlos, Laureano, Maurice, Camila y Luciana—se instalaron en la cúpula de un emporio empresarial por la vía del tráfico de influencias.

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En la campaña electoral de 2011, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludó a bordo de su lujoso vehículo por las calles nicaragüenses, acompañado por su esposa, Rosario Murillo, y seguido por una caravana de seguridad. (Fotografía cortesía del periódico La Prensa, Managua)

Un fantasma persigue al mandatario: La Piñata ejecutada por los comandantes del ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Tras ser líder de la revolución que gobernó Nicaragua de 1979 a 1990, primero como coordinador de una Junta de Gobierno y de Reconstrucción Nacional y luego como presidente en 1985 surgido en comicios de 1984, Ortega fue parte de “La Piñata”. En 1990, derrotados en las urnas y antes de ceder el poder, los comandantes del FSLN—como Ortega— se repartieron mansiones de lujo, tierras, empresas, cuentas bancarias, fincas, cooperativas, automóviles y demás propiedades y bienes, y se convirtieron en los nuevos millonarios de Nicaragua.

Por eso, la riqueza de la familia Ortega Murillo es un factor en juego en la actual crisis, la peor del siglo XXI en Nicaragua.

El gobierno y el clan presidencial siguen sin pronunciarse sobre el anuncio del Tesoro.

Robo.

El director de FinCEN, Kenneth Blanco, declaró que “el régimen” de Ortega “es opresivo y corrupto, y ha enriquecido ilícitamente a sus miembros y asociados al robar y privar a los ciudadanos nicaragüenses de recursos y dinero que les pertenece”.

“Al mismo tiempo, este régimen está perpetrando abusos contra los derechos humanos en respuesta a las protestas de los ciudadanos”, indicó, al recalcar en que “dada la conducta opresiva y corrupta del régimen de Ortega y la inestabilidad resultante en Nicaragua, las personas y compañías asociadas o vinculadas al régimen de Ortega pueden tratar de sacar los activos relacionados con la corrupción de Nicaragua”.

“Las instituciones financieras de EU son una importante línea de defensa contra el dinero corrupto y manchado de sangre que fluye a través de nuestro sistema, y ​​estamos aconsejando a nuestros socios en el sector financiero que estén en alerta máxima”, detalló.

La alerta, recordó la Red, está “subrayada” por las acciones que el Tesoro adoptó este año, luego del estallido de la crisis en Nicaragua, en contra de cuatro funcionarios nicaragüenses involucrados en la corrupción y en los abusos de los derechos humanos.

Los cuatro “designados” por la Oficina de Control Activos Extranjeros del Tesoro pertenecen al gobierno nicaragüense, al FSLN y a ALBA de Nicaragua, compañía que importa y vende productos petroleros importados desde Venezuela, precisó.

Con su medida, la Oficina “destacó el papel de estos funcionarios en actos corruptos y violentos, que incluyen la participación en abusos contra los derechos humanos, la acumulación ilícita de una riqueza personal considerable, el robo de grandes sumas de dinero de proyectos municipales y la explotación de fondos gubernamentales para el uso personal de los líderes nicaragüenses”, reveló.
 

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Lavado.

FinCEN mencionó que en junio de este año difundió un aviso sobre los abusos a los derechos humanos cometidos por figuras políticas extranjeras de alto rango y sus facilitadores extranjeros, para identificar “tipologías y banderas rojas que ilustran como” esos individuos y sus socios “acceden al sistema financiero” de EU para ocultar y “lavar las ganancias de la corrupción político de alto nivel”.

La advertencia tampoco pretende perjudicar las relaciones financieras normales entre Washington y Managua ni se refiere a las transacciones financieras de ciudadanos nicaragüenses ordinarios que también desearían retirar sus activos de Nicaragua por la inquietud política actual, aclaró.

En una crisis con una cifra de muertos que, según organismos nicaragüenses no estatales de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), oscila entre 322 y más de 450, una agencia de la ONU culpó el pasado 29 de agosto a Ortega de lanzar una “respuesta represiva” a las protestas pacíficas que comenzaron en abril. El gobierno desplegó “el uso de la fuerza letal” de efectivos policiales y paramilitares contra “amenazas no letales” de los opositores pacíficos, recalcó.

Ortega, cuyo gobierno solo reconoce 199 muertos, refutó las acusaciones en su contra y, entre otros alegatos, negó que haya represión y paramilitares, rechazó adelantar los comicios de 2021 a 2019 y replicó que son opositores derechistas que responden a una maniobra de golpe de Estado en su contra impulsada por Estados Unidos. La oposición, recalcó, es golpista, terrorista y vandálica y busca revocar lo que definió como logros sociales de sus más de 11 años de gobierno.

agv

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