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La posibilidad de una caída del régimen de los ayatolás en Irán, impensable durante décadas para buena parte de la comunidad internacional, reapareció en la agenda internacional luego del fracaso en las negociaciones sobre el asunto nuclear y los bombardeos de Estados Unidos e Israel.
La ofensiva militar introduce un factor externo de presión directa sobre Teherán y reabre una pregunta que hasta hace poco parecía lejana: ¿puede el sistema político iraní resistir un choque simultáneo interno y externo?
Las recurrentes protestas desde 2019, la rebelión social detonada tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, la crisis económica, el desgaste del liderazgo religioso y el impacto de las tensiones regionales ya habían erosionado la legitimidad del régimen. Ahora, con instalaciones estratégicas bajo ataque y la amenaza de una escalada mayor, el escenario cambia de dimensión.
Desde 1979, cuando cayó la monarquía, Irán se organiza como una teocracia en la que el poder reside en el líder supremo, actualmente el ayatolá Alí Khamenei, que gobierna desde 1989. Aunque existen instituciones que podrían dar la impresión de una república —presidente, parlamento, elecciones—, estas están subordinadas a órganos religiosos como el Consejo de Guardianes (que actúa como Corte Constitucional y está integrado por seis teólogos y seis juristas) y la Asamblea de Expertos (único órgano con capacidad de revisar las acciones del líder supremo).
Y, aunque este sistema ha mostrado capacidad de resistencia, también exhibe señales claras de agotamiento.
La economía iraní ya venía golpeada por el impacto de las sanciones internacionales, la inflación persistente, el desempleo juvenil y la corrupción estructural. La actual confrontación militar añade un nuevo factor de presión: mayor aislamiento, incertidumbre financiera y riesgo de deterioro en sectores estratégicos.
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A ello se suma una profunda brecha generacional: más del 60 por ciento de la población nació después de la revolución islámica y no se identifica con los valores que dieron lugar a su origen.
“Además, hay presiones de Estados Unidos y también de Israel, ataques contra el territorio para destruir su programa nuclear; es decir, hay una bomba de relojería en el interior del país”, señaló Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Académico del CEARC.
Pero para entender un posible colapso del régimen iraní es necesario volver al origen de la República Islámica.
¿La historia se repite?
La caída del sha Mohamed Reza Pahlavi no fue un estallido repentino, sino un proceso de radicalización que se aceleró desde 1975 con el aumento de la represión y la imposición del partido único Rastakhiz, como recuerda el académico León Rodríguez Zahar en su investigación La revolución islámica-clerical de Irán, 1978-1989.
En 1977, las protestas en los cinturones de miseria —los barrios marginales de Teherán— pusieron en evidencia la crisis, misma que se agravó posteriormente por la muerte de Mustafá Jomeini, hijo del ayatolá Jomeini, entonces exiliado.
El punto de quiebre llegó en 1978. Los disturbios en Qom —tras la publicación de un artículo de la prensa oficial contra Jomeini— dieron inicio a un ciclo de protestas cada 40 días, mientras que el incendio del Cine Rex en Abadán, que dejó más de 400 muertos, provocó una fuerte indignación entre los iraníes.
Detrás de esas movilizaciones estaba una economía desbordada por el boom petrolero de los años setenta, que generó una inflación superior al 100 por ciento entre 1973 y 1976, según datos del Banco Mundial, y concentró la riqueza en una élite, seguida por recesión y desempleo tras los ajustes de la monarquía.
La crisis trascendió lo económico. La occidentalización acelerada —a través de la llamada Revolución Blanca—, la marginación del clero —afectado por reformas agrarias y excluido de la vida pública—, la orden de reprimir las protestas —que dejó miles de víctimas— y la violencia del servicio secreto iraní (Savak) convirtieron a los líderes religiosos en los impulsores del descontento social.
A ello se sumó la percepción del sha como un aliado subordinado de Estados Unidos, una combinación de factores que desembocó en la salida de Mohamed Reza Pahlavi del país en enero de 1979, el regreso del ayatolá Ruhollah Jomeini un mes después y el referendo de marzo, que culminó con una votación mayoritaria a favor del establecimiento de una República Islámica.
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¿Intervención estadounidense?
Irán es un actor geopolítico central en Medio Oriente, no solo por su posición estratégica y su peso demográfico —más de 95 millones de personas—, sino también por su papel como eje de una red de alianzas que abarca desde milicias chiitas hasta Estados y actores no estatales que buscan contrarrestar la influencia occidental en la región. Por ello, cualquier alteración profunda del régimen tendría impactos inmediatos más allá de sus fronteras. De ahí que los bombardeos de Estados Unidos e Israel no solo golpean infraestructura, también tensionan todo ese entramado regional.
En este escenario, la decisión del presidente Donald Trump, de pasar de las advertencias a la acción militar marca un punto de inflexión. Desde el inicio de las protestas, el mandatario republicano había hablado de “opciones muy fuertes” si el régimen continuaba reprimiendo las movilizaciones. La ofensiva de este 28 de febrero transforma esa retórica en hechos y eleva la incertidumbre sobre el alcance de la intervención.
Según análisis previos del Council on Foreign Relations, la sola posibilidad de una intervención militar ya alteraba los cálculos regionales. Con los ataques en marcha, esa percepción se convierte en realidad, aunque todavía es incierto si Washington optará por una campaña sostenida, una operación limitada o una estrategia de presión escalonada.
Para varios analistas, Estados Unidos —y, en paralelo, Israel— ven en la crisis del régimen una oportunidad para debilitar el llamado “Eje de la Resistencia” y erosionar la influencia iraní sobre actores como Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen. Sin embargo, una ofensiva prolongada también podría reforzar esos vínculos bajo la narrativa de confrontación externa.
En contraste, Rusia y China, aunque han tomado cierta distancia táctica de Teherán en los últimos años, buscarían proteger sus inversiones y vínculos estratégicos, y evitar que un eventual vacío de poder amplíe la influencia occidental en la región.
Arabia Saudí y las monarquías del Golfo, por su parte, enfrentan un delicado equilibrio: contener la influencia iraní sin precipitar una guerra regional que desestabilice aún más el mercado energético y las rutas comerciales.
No obstante, incluso tras los bombardeos, la intervención estadounidense no necesariamente se limitaría al plano militar directo. Las opciones que siguen sobre la mesa incluyen ciberoperaciones estratégicas, respaldo a facciones internas, sanciones económicas más severas, campañas diplomáticas de aislamiento y presión multilateral a través de organismos internacionales.
“Si algo nos enseñó la caída de Saddam Hussein en 2003 es que no se pueden sustituir de la noche a la mañana las estructuras de poder sin condenar al país al caos y a la violencia”, advierte Álvarez-Ossorio.
El debate sobre una eventual intervención extranjera tampoco es exclusivamente estratégico. Dentro de la propia sociedad iraní —incluidos sectores opositores al régimen— la ofensiva externa genera divisiones. Mientras algunos temen que una acción liderada por Washington reproduzca escenarios de fragmentación como los vividos en Irak o Libia, otros sostienen que, dadas las condiciones internas y el cierre del sistema político, una transformación profunda sería inviable sin algún tipo de presión o respaldo internacional.
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Fragmentación y rebelión interna
La experiencia de 1979 no solo explica cómo cayó la monarquía, sino que ofrece pistas sobre los riesgos y las dinámicas que podrían activarse en el actual contexto de confrontación externa. Tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, el precedente histórico adquiere una nueva dimensión: las crisis internas pueden acelerarse cuando se combinan con presión militar desde el exterior.
Al igual que entonces, el régimen enfrenta una grave crisis económica, pérdida de legitimidad, represión política y un profundo descontento entre amplios sectores de la sociedad. La diferencia es que hoy esas tensiones coinciden con una escalada militar que podría, según el desenlace, reforzar la cohesión interna bajo una lógica defensiva o, por el contrario, profundizar fracturas dentro de la élite gobernante.
“Hay muchas similitudes, entre otras cosas porque hay un malestar popular generalizado con un gobierno que tiene un déficit de legitimidad, lleva casi 50 años en el poder, es un régimen completamente autoritario, represivo y brutal que cada vez que hay movilizaciones populares recurre a la fuerza para intentar acallarlas, y la situación ahora mismo es explosiva”, añade Álvarez-Ossorio.
Sin embargo, a diferencia del periodo que antecedió a la revolución islámica, hoy no existe un liderazgo opositor unificado ni un proyecto político que articule el descontento, lo que añade más incertidumbre.
La gran mayoría de opositores están en el exilio (incluida la familia Pahlavi), otros han sido encarcelados o silenciados (entre otros, varios reformistas como el ex primer ministro Mir-Hosein Musaví), y muchos más cuentan con poco respaldo popular (como los Muyahidines del Pueblo de Irán en el exilio). A esto se suma que los movimientos sociales carecen de una dirección política centralizada, como ocurre con el movimiento ‘Mujer, Vida y Libertad’, que aglutina a grupos pequeños y diversos cuya base común es una identidad de izquierda.
La caída abrupta del régimen —ya sea por una revuelta masiva, una fractura interna o la muerte del líder supremo sin una sucesión clara— abriría, para varios analistas, un escenario de vacío de poder.
De ahí que, para Álvarez-Ossorio, la transición debería recaer en una figura surgida desde dentro del propio régimen, perteneciente a los sectores más moderados y reformistas, capaz de conducir el cambio sin desmantelar las estructuras de poder —en particular el ejército y la administración— y evitar así que el país termine en caos.
No obstante, un escenario de transición controlada no elimina los riesgos. En ausencia de una autoridad civil o religiosa clara, las instituciones más cohesionadas del sistema —las fuerzas de seguridad— podrían intentar ocupar dicho vacío.
En este grupo destacan la Guardia Revolucionaria (CGRI) y la Basij, un cuerpo paramilitar que, según Amnistía Internacional, “se emplea con mucha frecuencia como fuerza auxiliar para mantener el orden público y reprimir la disidencia”.
El peligro, advierten algunos analistas, es que estos actores busquen imponer un gobierno militar o un “orden revolucionario” sin la tutela del clero.
Sin embargo, este desenlace no es automático ni necesariamente el más probable.
Para Hamidreza Azizi, investigador no residente del Consejo de Oriente Medio para Asuntos Globales, en un análisis publicado el pasado 19 de enero en su blog, la Guardia Revolucionaria no está diseñada para derribar el sistema, sino para preservarlo.
“La Guardia Revolucionaria es una institución construida como un centro de poder paralelo, integrada en el sistema y vinculada por múltiples niveles de coordinación interna y lealtad externa. Está estructuralmente orientada a preservar el orden existente en lugar de derrocarlo”, opina.
En ese sentido, incluso un eventual vacío de poder no implicaría una transición democrática en el corto plazo, sino más bien una fase de incertidumbre.
“Las cohortes más jóvenes dentro del CGRI, especialmente en puestos técnicos y de mando de nivel medio, no se vieron influenciadas por la guerra entre Irán e Irak, sino por los acontecimientos regionales posteriores a 2003. (…) Priorizan la disuasión, la influencia regional y la capacidad del Estado, a menudo extrayendo lecciones del colapso estatal y la guerra indirecta en zonas como Siria, en lugar de la mitología revolucionaria. Esto genera una forma de pragmatismo operativo, es decir, una mayor atención a los costes, la sostenibilidad y la flexibilidad táctica, sin implicar moderación ideológica ni liberalización política”, añade Azizi.
A ese escenario se suma otro factor no tan visible: la diversidad étnica, religiosa y territorial del país. Persas, kurdos, baluches, árabes, azeríes y turcomanos conviven dentro de fronteras que han sido históricamente contenidas por un Estado represivo. La caída del régimen podría revivir tensiones del pasado y abrir nuevos focos de inestabilidad en distintas regiones del país.
Regiones como el Kurdistán iraní, Sistán y Baluchistán o Juzestán —ricas en recursos y con fuerte presencia de minorías— podrían convertirse en focos de conflicto si perciben una oportunidad para reclamar autonomía o independencia. “Luego, efectivamente, un riesgo es que el país entre en una cascada no de guerra civil, sino de movimientos secesionistas en algunas zonas que han sido tradicionalmente relegadas a un segundo plano por el poder”, añade Álvarez-Ossorio.
Además, la presencia de grupos armados, tanto afines al régimen como opositores, aumentaría, según los analistas, el riesgo de choques internos, por lo que una guerra civil como la de Siria no sería inevitable.
¿Monarquía o república? El dilema político
Uno de los debates más visibles en la oposición iraní es el retorno de la monarquía, representada simbólicamente por Reza Pahlavi, hijo del último sha. Para algunos sectores, especialmente en el exilio, la monarquía constitucional podría ofrecer una figura unificadora y una ruptura definitiva con el régimen islámico.
“Me presento para liderar esta transición nacional, no por interés personal, sino como servidor del pueblo iraní”, dijo Pahlavi a la cadena BBC hace un año. Su planteamiento es que sea la ciudadanía la que defina, mediante un referendo, si Irán debe convertirse en una monarquía constitucional o en una república. Antes de ello, sostiene, sería necesario un gobierno de transición que evite el estallido de conflictos internos.
Sin embargo, dentro de Irán, el apoyo a una restauración monárquica es limitado y controvertido. La memoria del autoritarismo del sha, la represión de la policía secreta y la desigualdad social previa a la revolución sigue pesando en el recuerdo de los más viejos.
“Pahlavi, hay que recordar, salió del país hace prácticamente 50 años, que en 50 años no ha vuelto y, por lo tanto, no tiene ningún tipo de red de apoyo; parece más bien que es el candidato de Israel que del interior de Irán, y para buena parte de la población iraní es considerado el ‘gran satán’”, afirma el experto del CEARC.
Tampoco hay que olvidar que la monarquía de los Pahlavi no estaba inherentemente ligada a la historia política y social de Irán desde la antigüedad, pese a que el sha Mohammad Reza promovió la famosa celebración de los 2 mil 500 años del Imperio persa en 1971 con el objetivo de ligar su gobierno con los antiguos imperios persas. En realidad, la dinastía Pahlavi había sido fundada apenas en 1925 por Reza Shah, un militar que tomó el poder al derrocar a la dinastía Qajar.
En ese sentido, la alternativa más mencionada entre los iraníes en el exilio es una república laica, con separación entre religión y Estado, elecciones libres y garantías de derechos civiles. El problema es que esta opción carece, por ahora, de una estructura política capaz de materializarla rápidamente.
mcc
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