Cuando vivía su juventud a plenitud, a Ianai Molina, hija de padres guerrerenses, le pegó un síndrome que suele cimbrar a los jóvenes migrantes cuando llegan a tener consciencia de su condición irregular.

Los sueños se esfumaron, abandonó la escuela, tomó un empleo por debajo de sus capacidades y depositó su suerte en manos del destino, rogando no meterse en problemas para no ser deportada a México, un país que abandonó cuando ni siquiera había aprendido a dar sus primeros pasos. “Como dicen en mi comunidad, había tirado la toalla”, narra a EL UNIVERSAL la joven bilingüe de 28 años. Pero en 2012, por una orden ejecutiva del entonces presidente Barack Obama apareció el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia a Estados Unidos (DACA), y a partir de ese momento todo cambió.

“Para mí DACA significó esperanza, fue como encontrar la luz al final del abismo”, recuerda. Amparada por el programa, que ofrece permisos de trabajo hasta por dos años, facilita el crédito y desactiva las herramientas de deportación, consiguió un empleo mejor remunerado y retornó al colegio para aprender leyes y convertirse en asistente de abogado. También se armó de valor, y junto con su pareja, beneficiario DACA, se animó a tener un bebé. “El paso no fue sencillo, uno sabe que ante el riesgo de la deportación existe el riesgo de que nos separen”.

Un expediente similar comparte Claudia Merino, quien a sus 24 años forma parte del universo de 800 mil dreamers registrados en DACA, un programa con un índice de renovación de 93% y que ha incrementado los niveles de vida de los beneficiarios y sus familias, de acuerdo con el Instituto para las Relaciones Laborales y el Empleo de EU.

“DACA abrió puertas, generó oportunidades, permitió conocer gente, me ofreció un futuro que no tenía”, dice en entrevista Claudia, quien llegó a los cinco años a California procedente de Puebla. Con el alivio ofrecido por Obama, la joven se hizo de tres trabajos con los que financió sus estudios. Hoy es el orgullo de la familia, tras graduarse en administración de negocios por la California State University Dominguez Hills.

Además de contribuir al desarrollo de las aspiraciones económicas e intelectuales de miles de personas, DACA resultó ser un alivio para quienes requieren de un tratamiento médico particular. Es el caso de Paulina Ruiz, quien sufre parálisis cerebral parcial y fue llevada a EU a los seis años para ser sometida a cirugías urgentes. “Soy de un pueblito muy chiquito donde no había los recursos para tratarme médicamente; de no haber sido tratada a tiempo habría pasado prácticamente toda mi vida en una cama”, narra.

Como beneficiaria del programa, la estudiante de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), pudo buscar ayuda médica sin miedo a repercusiones, al tiempo que se hizo de recursos para llevar una vida semejante a la del resto. “No solamente me cambió la vida por el hecho de que me permitió trabajar y estudiar, sino que me ayudó a tener mejor acceso médico, pude hacerme de una silla de ruedas acorde a mi situación”, destaca Paulina, de 26 años.

Pero tras años de entusiasmo, seguridad y optimismo, desde el pasado 5 de septiembre reina entre los dreamers la tristeza, el enfado y la incertidumbre. Siendo fiel a su base xenófoba y racista blanca, el presidente Donald Trump optó por cancelar el programa, fijando como fecha límite el mes de octubre para la última renovación. “Estoy triste, pero más que nada enojada, porque gasté tanto, me esforcé tanto para graduarme, y ahora no sé si podré ejercer mi carrera. Es muy frustrante”, sostiene Claudia.

Aun así, tanto Claudia, como el resto de estos jóvenes que se refieren a EU como “mi país”, tienen claro qué sigue: “Trump nos declaró la guerra y vamos a pelear”.

Marchas, plantones, visitas a despachos de congresistas, campañas de sensibilización ciudadana, acercamiento con empresarios, defensores de migrantes y líderes de opinión, entre otras acciones, conforman la estrategia prevista por los dreamers para los próximos seis meses, periodo en que el Congreso deberá hallar una solución que evite proceder con miles de deportaciones.

Las agencias federales de inmigración (ICE por sus siglas en inglés), cuentan con los datos personales de los afiliados a DACA, y miembros de organismos como el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), temen que la información sea utilizada para emprender una cacería de brujas contra este grupo vulnerable y sus familias.

“[Trump] Piensa que porque tomó esta decisión, vamos a gritar un ratito y después nos vamos a callar, pero se equivoca, vamos a seguir alzando nuestra voz hasta encontrar una solución”, sostiene Claudia. “No es momento de guardar silencio, sino de ser fuertes”, dice por su parte Ianai.

Paulina también se muestra combativa, aun cuando su salud está en juego. A largo plazo, su enfermedad conlleva a problemas de riñones y espalda, entre otros, y requerirá de terapias y cirugías para seguir con sus actividades. “En México lamentablemente no hay mucha ayuda para las personas que tienen una condición parecida a la mía”, indicó al hablar sobre la opción de regresar al país donde nació. “Pero no hay que entrar en pánico, esto es tan sólo un tropiezo. Estoy segura de que saldremos adelante y trabajando juntos podremos alcanzar una solución más permanente para todos. No es momento de quedarnos con los brazos cruzados”, destacó.

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