Madrid. El Gobierno español tiene previsto obligar por ley a identificar los contenidos que se generan con (IA) y establecerá además un régimen sancionador para quienes utilicen esas tecnologías de forma perversa, con multas que pueden alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7% de la facturación de una empresa.

Así se recogerá en la Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros y con el que el Ejecutivo pretende asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de esta tecnología y facilitar que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública español, Óscar López, subrayó la trascendencia de esta nueva norma, y se refirió a la inteligencia artificial como un "poderoso" instrumento que puede favorecer el, favorecer la lucha contra muchas enfermedades o el desarrollo de nuevos fármacos, pero también ser una herramienta para difundir bulos, para expandir el odio y atacar a la democracia.

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Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, resumió además el contenido de un informe sobre el uso de la inteligencia artificial y su implementación en España, y ha destacado que el estudio señala que el PIB nacional podría crecer hasta un 8% -más de 100 mil millones de euros- en los próximos diez años si se aplica esta tecnología de forma correcta.

El ministro enmarcó el nuevo anteproyecto en el "escudo europeo" que protege los y que se complementa con el anteproyecto de ley de servicios digitales y los medios de comunicación y dijo que la nueva norma adaptará la legislación española al reglamento europeo de Inteligencia artificial, que está ya en vigor.

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Prohibidas las técnicas subliminales con IA

El anteproyecto, como el reglamento europeo, establece las prácticas prohibidas de la Inteligencia artificial, y entre ellas el uso de técnicas subliminales (como las imágenes o los sonidos imperceptibles) para manipular decisiones sin consentimiento, o el uso por ejemplo de un 'chatbot' que identifica usuarios con y les incita a entrar, con técnicas subliminales, en una plataforma de .

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Prohibirá además explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o situación socioeconómica para alterar sustancialmente comportamientos de modo que les provoque o pueda provocar perjuicios; el ministro ha citado como ejemplo que un juguete infantil habilitado con IA anime a los niños a completar retos que les pueden producir daños físicos graves.

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La nueva norma prohíbe también la clasificación biométrica de las personas por raza u orientación política, religiosa o sexual, la puntuación de individuos o grupos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales como método de selección para, por ejemplo, denegarles la concesión de subvenciones o préstamos, o valorar el riesgo de que una persona cometa un delito basándose en datos personales como su historial familiar, su nivel educativo o su lugar de residencia.

Las sanciones que se pondrán para este tipo de sistemas oscilan entre los 7,5 y los 35 millones de euros, o entre el 2 y el 7 % del volumen de negocio mundial de la empresa responsable, aunque en el caso de las esa cuantía podrá ser inferior.

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Contra la "ultrasuplantación o deepfake"

El ministro añadió que las autoridades u organismos encargados de vigilar los sistemas prohibidos serán la Agencia Española de Protección de Datos (para sistemas biométricos y gestión de fronteras); el Consejo General del Poder Judicial (para sistemas de IA en el ámbito de la justicia), la Junta Electoral Central (para sistemas que IA que afecten a procesos democráticos) y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en el resto de los casos.

La ley establece además, de acuerdo con el reglamento europeo, 'sistemas de alto riesgo', e incluye entre ellos todos los que se pueden añadir como elementos de seguridad a productos industriales, a juguetes, equipos radioeléctricos o productos sanitarios, o sistemas; los sistemas para la garantía del derecho, migración, asilo y gestión del control fronterizo; o los sistemas para su uso en la administración de justicia y en procesos democráticos.

Estos sistemas deben cumplir una serie de requisitos y en caso de incumplimientos se establecen también sanciones en función de la gravedad que pueden oscilar entre los 500 mil y los 7,5 millones de euros, o hasta el 2 y el 3% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior de la empresa responsable.

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