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Miami.— Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, su gobierno ha reactivado una política de deportaciones mucho más agresiva, marcada por expulsiones aceleradas, traslados de migrantes a terceros países y detenciones en cárceles fuera de EU. En 2026, los tribunales han recibido demandas millonarias de migrantes que acusan a la administración Trump de haberlos enviado a prisión o al exilio sin respetar la ley de EU.
El nombre que concentra mejor la dimensión humana y económica de este tema es Neiyerver Adrián León Rengel. En su demanda, presentada en Washington, afirma que fue identificado falsamente como integrante del Tren de Aragua, privado repetidamente del debido proceso, “encarcelado falsamente” y enviado ilegalmente a El Salvador en abierta violación de una orden judicial.
La demanda agrega que pasó cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde sufrió abuso físico y sicológico. “Lo más relevante de este caso es que convierte un operativo de deportación en una reclamación detallada de responsabilidad civil del Estado”, señala a EL UNIVERSAL el politólogo Pablo Salas.
León Rengel exige daños compensatorios “por un monto de al menos un millón 300 mil dólares”. Para los analistas, se coloca a León Rengel como el primer exprisionero conocido de Cecot que demanda a EU por daños. Esa cifra es el mejor punto de referencia público “para medir cuánto puede valer, en dinero, un caso de deportación ilegal y encierro en El Salvador cuando el afectado decide ir por la vía de la indemnización”, subraya el politólogo.
El 31 de marzo, abogados en Utah anunciaron una notificación previa de demanda por 56 millones de dólares en nombre de un joven venezolano al que describen como una víctima de “lesiones catastróficas” sufridas en Cecot.
DESERET NEWS explica que se trata de una notificación de reclamación (notice of claim), el paso previo obligatorio antes de demandar formalmente al gobierno de Trump.
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“Si bien aún no hablamos de una sentencia ni una demanda ganada, sí hablamos de una medida visible sobre el costo que los abogados creen que puede reclamarse por este tipo de expulsiones y daños”, comenta Salas.
Protección polémica
La respuesta de por qué las demandas por dinero tienen un camino más duro está escrita en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), que permite algunas reclamaciones contra EU, pero el título 28, sección 2680 del Código de EU mantiene excepciones severas; protege algunas decisiones del gobierno federal estadounidense, incluso cuando fueron malas o abusivas, si entran en la categoría de decisiones discrecionales. Esa norma abre una ventana para ciertos actos de agentes de investigación o de las fuerzas del orden, como “encarcelamiento falso” y “arresto falso”.
Si se mira el costo para el gobierno federal estadounidense frente a las demandas de deportados, lo visible hoy es de 57.3 millones de dólares: 1.3 millones en la demanda de León Rengel y 56 millones en la reclamación previa anunciada en Utah.
A eso se suman seis reclamaciones administrativas adicionales presentadas por Immigrant Defenders Law Center, organización conocida como ImmDef, en nombre de seis venezolanos que, según la propia organización, fueron torturados en Cecot.
“Lo que está en juego para la presidencia estadounidense es el costo humano, político y judicial de una política que, en varios casos concretos, ya fue señalada por la justicia como ilegal”, dice Salas.
Deportaciones deshechas
“El patrón judicial que vemos favorece, por ahora, los remedios correctivos más que las condenas millonarias”, dice el politólogo.
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Es el caso de María de Jesús Estrada Juárez. La jueza Dena Coggins escribió que Estrada fue removida en “violación flagrante” de las protecciones regulatorias de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y del debido proceso, por lo que ordenó que el gobierno facilitara su “retorno inmediato” a EU y la devolviera al statu quo, es decir, a la situación jurídica que tenía antes de ser expulsada.
Según la orden, Estrada Juárez debía recuperar “todos los derechos y beneficios” de su estatus DACA “como si su remoción del 19 de febrero nunca hubiera ocurrido”. Medios reportaron que después de que volvió a Sacramento, California, se reunió con su hija. “Ese detalle convierte el caso en algo más que un debate; muestra que, cuando hay una protección vigente y un expediente claro, un juez federal sí puede obligar al gobierno a deshacer una deportación ya ejecutada”, subraya el especialista.
Otro expediente es el de las tres familias migrantes protegidas por un acuerdo previo derivado de la política de separación familiar. El juez Dana Sabraw ordenó su retorno después de concluir que los agentes federales usaron “mentiras, engaño y coerción” para expulsarlas. Medios informaron además que el juez calificó las protecciones pactadas como “ilusorias” y dispuso que el gobierno “cargara con el costo” de traer de vuelta a esas familias.
El caso de Federico Reyes Vásquez encaja en la misma lógica de desacato judicial. La orden federal que exigió su regreso dejó claro que el tribunal buscaba restaurar el statu quo y que el gobierno debía facilitar su retorno a Estados Unidos. Otra orden posterior de febrero rechazó el intento oficial de tumbar el caso por falta de jurisdicción y prorrogó el plazo para traerlo de vuelta. Fox 13 en Utah informó luego que Reyes Vásquez ya había regresado a la Unión Americana y que su deportación se había ejecutado en “violación directa de la orden del tribunal”.
Hay otros casos, como el de Britania Uriostegui Ríos, en los que, incluso cuando el retorno no es viable de inmediato, la justicia puede desmontar la detención prolongada derivada de una expulsión ilegal. En su resolución del 24 de marzo, el juez Jerry Edwards concluye que no existía “ninguna probabilidad significativa” de removerla en el futuro razonablemente previsible, porque México estaba vedado y ningún otro país había aceptado recibirla. La orden concedió su habeas corpus y dispuso su liberación.
Esta revisión muestra que “no abundan quienes piden dinero frente a quienes están solicitando su retorno, liberación o reparación inmediata”, explica Salas.
Estrada Juárez volvió, Reyes Vásquez también, al igual que las tres familias obtuvieron una orden de retorno: Britania obtuvo la libertad, Boasberg ordenó facilitar el regreso de venezolanos deportados a terceros países.
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cdm
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