Un tribunal federal de apelaciones de San Francisco dejó en vigor el viernes la orden de un tribunal inferior que impide que el gobierno del presidente Donald Trump ponga fin a las protecciones legales temporales de cientos de miles de venezolanos.
El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito de Estados Unidos negó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional de establecer una suspensión de emergencia mientras apelan. El tribunal escribió que el gobierno “no ha demostrado que sufrirá un daño irreparable en ausencia de una suspensión”.
El juez federal de distrito, Edward Chen, determinó en marzo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó ilegalmente las protecciones otorgadas por el gobierno del expresidente Joe Biden que permiten que unos 350.000 venezolanos vivan y trabajen en Estados Unidos. Esas protecciones temporales expirarían a principios de este mes.
Noem también anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unos 250.000 venezolanos en septiembre y para 500.000 haitianos cuyas protecciones de TPS expirarían en agosto.
Los abogados del Departamento de Justicia que representan al gobierno sostienen que el Congreso otorgó a la secretaria una autoridad clara y amplia sobre el programa de TPS y que las decisiones no están sujetas a revisión judicial.
“Esta apelación implica una intrusión extraordinaria por parte de un tribunal de distrito en la administración del estatuto de TPS por parte de la secretaria”, escribieron.
¿Cuáles son las afectaciones tras la cancelación del programa TPS?
El Congreso creó el TPS, como se conoce la ley, en 1990 para prevenir deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles. El programa autoriza que las personas vivan y trabajen en Estados Unidos en incrementos de hasta 18 meses si el secretario de Seguridad Nacional considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para que vuelvan a él.
Al bloquear a la administración, Chen dijo que cientos de miles de personas, sus familias y medios de vida estaban en riesgo de una grave perturbación, así como la salud de las comunidades en todo el país y los miles de millones de dólares en actividad económica generada por los trabajadores venezolanos.
Señaló que el gobierno no logró identificar ningún “daño real que se contraponga a continuar el TPS para los beneficiarios venezolanos” y que los demandantes probablemente podrán demostrar con éxito que las acciones de Noem “no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por una animosidad inconstitucional”.
Chen encontró que los argumentos del gobierno son poco convincentes y dijo que los numerosos comentarios despectivos y falsos de Noem —y de Trump— en los que etiquetan a los venezolanos como criminales muestran que la animosidad racial fue un motivador para cancelar las protecciones.
“Actuar con base en un estereotipo negativo de grupo y generalizar dicho estereotipo a todo el grupo es el ejemplo clásico de racismo”, escribió Chen.
sg/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]