Cuestionan en EU estrategia de seguridad de AMLO

Washington.— Una veintena de congresistas demócratas de Estados Unidos criticaron duramente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, denunciando el incremento de la militarización de la seguridad pública en México, y exigieron a la administración Biden que tome partido y presione a su contraparte mexicana para que cumpla con su promesa de eliminar de las tareas de seguridad interior al Ejército en 2024.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, 19 congresistas, entre ellos Alan Lowenthal, Albio Sires, Raúl Grijalva, Joaquín Castro y Jesús G. Chuy García, urgen al jefe diplomático estadounidense a que presione a México para que frene su militarización de la seguridad pública y el uso del Ejército como herramienta para combatir el crimen, lo que “de forma predecible” ha conllevado a “serias violaciones de los derechos humanos” y ha fracasado en la lucha contra el narcotráfico y la reducción de la violencia.

Para los congresistas, la guerra contra el narcotráfico centrada en el arresto de grandes capos y nombres de los grupos criminales ha sido un fracaso, “y no ha reducido efectivamente la violencia”. Al contrario: ha hecho que los cárteles se dividan, haciendo que sea “más difícil pararlos”.

La situación de seguridad ha empeorado tanto y es tan alarmante, según los congresistas, que debería servir para “revaluar” ciertos aspectos de la asistencia en seguridad a México. Algo que la administración Biden ya ha dicho en alguna ocasión recientemente: previo al encuentro virtual entre ambos líderes, un alto funcionario de la Casa Blanca confirmaba que existe la “disponibilidad y voluntad” para reexaminar la iniciativa Mérida y desarrollar “una estrategia de seguridad más eficaz”, con una visión “nueva y más sofisticada”.

“Observamos con preocupación que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hasta ahora sólo ha profundizado en la participación militar en la policía doméstica”, apuntan los congresistas, “al tiempo que desplegó su nueva Guardia Nacional, compuesta principalmente por personal militar en activo o retirado, para llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración y otras funciones de seguridad nacional”. En ese sentido, los congresistas urgen al gobierno de Estados Unidos a “explorar formas para alentar a la administración” de López Obrador a cumplir su compromiso de retirar al Ejército de las labores de vigilancia para 2024.

También señalan los “casi totales niveles de impunidad” de los que gozan las organizaciones criminales y los agentes públicos que abusan de los derechos humanos, que ponen en tela de juicio el estado de derecho en México; es necesario, por tanto, ayudar y cooperar con México en cerrar casos satisfactoriamente, “incluyendo crímenes de corrupción y colusión entre actores públicos y grupos criminales”.

Los firmantes de la misiva, todos demócratas (el mismo partido del inquilino de la Casa Blanca) hacen también hincapié en el empobrecimiento de los derechos humanos en México, en gran parte por culpa del Jefe del Ejecutivo mexicano. Los legisladores estadounidenses escriben alarmados por las declaraciones de López Obrador atacando periodistas y defensores de derechos humanos, y ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de protección a ambos grupos.

“Le animamos a que se reúna con defensores de derechos humanos y periodistas para que escuche sus preocupaciones y aprenda sobre su importante trabajo”, aconsejan, señalando específicamente a los colectivos de desaparecidos.

Para los congresistas, los temas más acuciantes y que merecen una atención especial son la seguridad y los derechos humanos, pero no dejan de lado el tema de los migrantes, uno de los principales temas de la agenda bilateral como se demostró en el encuentro virtual de esta semana entre Biden y AMLO.

En este ámbito, urgen la coordinación con México y organismos internacionales para que los solicitantes de asilo que esperan en territorio mexicano su turno tengan todas sus necesidades cubiertas y reciban un trato humano, y sean protegidos de un aumento del crimen contra migrantes, una violencia que se ha puesto de manifiesto con el descubrimiento del cuerpo calcinado de 19 personas —la mayoría guatemaltecas— cerca de la frontera entre EU y México.

Según la organización Human Rights First, los solicitantes de asilo bajo el programa Quédate en México, impuesto por la administración Trump y que el gobierno de Biden está empezando a revertir, han sufrido mil 314 casos de violencia, incluyendo violaciones, secuestros y asesinatos.

“Urgimos a que apoye al gobierno mexicano en el trabajo para combatir la impunidad por estos crímenes a través del fortalecimiento de investigaciones, asistencia forense e intercambio de información”, piden los congresistas. En concreto, solicitan una mirada precisa y poner la atención en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que si bien ha mejorado sus procesos, todavía presenta muchos retos, agudizados por la situación pandémica.

La directora por México y los derechos migrantes de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), Stephanie Brewer, pidió a la Casa Blanca que escuche el reclamo de que pongan los derechos humanos en el centro de las relaciones entre Estados Unidos y México. “Eso significa reconocer el fracaso de un enfoque de seguridad militarizado en la ‘guerra contra las drogas’, y el apoyo a los esfuerzos para abordar la corrupción y la impunidad que perpetúan las violaciones de derechos humanos y la violencia endémica”, dijo en un comunicado, aplaudiendo la capacidad de los congresistas de ver más allá de la frontera y reconocer que son las familias y las víctimas de abusos las que “están liderando en la búsqueda de justicia”, colectivos que “necesitan apoyo y protección”.

Para Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, la carta de los legisladores sirve como la demostración que, a diferencia del gobierno de Donald Trump, la nueva Casa Blanca tiene los derechos humanos como un punto central de su política, con lo que será “más receptiva” a las “expresiones de preocupación sobre impunidad y erosión del Estado de derecho” que lleguen de un Congreso controlado por los demócratas.

“El equipo de Biden tendrá que encontrar una manera de presionar al gobierno mexicano para que aborde las cuestiones de derechos humanos y, al mismo tiempo, mantener una buena relación y hacer que México coopere en una variedad de cuestiones bilaterales, en particular en migración”, resolvió Shifter, en un correo electrónico enviado a EL UNIVERSAL. Una situación que será un “complicado acto de equilibrio”.