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El candidato conservador colombiano Abelardo de la Espriella pidió el martes a la fiscalía que investigue la presunta presión de grupos armados ilegales durante la primera vuelta presidencial en un centenar de municipios en los que el candidato progresista Iván Cepeda tuvo una alta votación.
“El denominado ´voto fusil´ describe una práctica incompatible con cualquier democracia: obligar a los ciudadanos a votar bajo amenaza, presión armada o sometimiento territorial”, indicó De la Espriella en un comunicado.
La denuncia penal se basa en una revisión de 109 municipios de los convulsos departamentos de Cauca y Nariño, en el suroeste del país, y de Chocó, en el oeste, donde Cepeda superó el 70% de la votación y que, en su mayoría, coinciden con territorios clasificados en riesgo electoral por la estatal Defensoría del Pueblo, detalló De la Espriella.
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Consultados por The Associated Press, Cepeda y su campaña no respondieron de inmediato sobre si tienen conocimiento de que los grupos armados ilegales hayan presionado para votar a su favor.
En la primera vuelta De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el 43.73% de los votos, seguido de Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, con el 40.91%, tras concluir el escrutinio. Ambos se disputarán la presidencia en un balotaje el 21 de junio.
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En medio de la puja política, los candidatos han acusado a su contrincante de irregularidades, incluyendo presunta compra de votos. Además, Cepeda denunció que De la Espriella “estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado” para “incidir en los resultados de la elección".
La campaña de De la Espriella admitió en el comunicado que las cifras por sí solas no son una “prueba definitiva de responsabilidad penal”, pero instó a que se investigue por su coincidencia con territorios sometidos a la influencia de los grupos armados ilegales.
El riesgo de violencia por parte de grupos ilegales en decenas de municipios del país fue advertido a lo largo de la campaña electoral tanto por la Defensoría del Pueblo como por la Misión de Observación Electoral, una organización no gubernamental dedicada a este tipo de veeduría hace dos décadas.
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Durante la jornada las autoridades informaron que las votaciones transcurrieron de forma pacífica, aunque advirtieron de casos de presunta compra de votos y abrieron una investigación por presunta presión de armados en Nariño.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reportó denuncias de coacción a los votantes por parte de “autoridades y grupos armados ilegales, así como indicios de uso indebido de recursos públicos”, pero no lo relacionó con el favorecimiento a un candidato particular.
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En paralelo, un juez ordenó el martes a De la Espriella que retire la propaganda política en sus redes sociales y medios de comunicación que utilicen símbolos del país como la bandera de Colombia, el escudo, imágenes alusivas a las instituciones militares y su oración “firmes por la patria”, como suele saludar a sus simpatizantes.
“Hasta donde les llegará el miedo que tienen que nos quieren prohibir básicamente toda la campaña”, reprochó De la Espriella en la red social X, en la que recalcó “¡FIRME POR LA PATRIA!”.
Se trata de una segunda decisión judicial que responde a una tutela, mecanismo rápido de amparo de derechos, que presentan ciudadanos en contra de su campaña. La semana pasada, un juez también le ordenó abstenerse de usar la camiseta de la Selección colombiana de fútbol, que se ha convertido un símbolo de su campaña criticado por Cepeda.
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