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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó este viernes otro año más las sanciones a algunos de los principales actores de la violencia en Haití, entre ellas la prohibición de viajes y la congelación de activos, y amplió el alcance del embargo de armas.
Los 15 miembros del Consejo aprobaron por unanimidad esta nueva resolución presentada por Ecuador y Estados Unidos, que pretende contribuir a sofocar la violencia desenfrenada de las pandillas y restablecer la seguridad en la nación caribeña devastada por la crisis.
Haití afronta una crisis humanitaria sin precedentes, que empeoró en febrero cuando varias bandas criminales se aliaron para derribar el gobierno del impopular primer ministro Ariel Henry.
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Esos grupos fuertemente armadas están acusados de asesinatos, saqueos, violaciones y secuestros, en particular en la capital Puerto Príncipe y alrededores, una violencia que ha llevado a más de 700 mil personas a huir de sus casas en busca de refugio en otras partes del país.
A principios de octubre, miembros de la pandilla Gran Grif (Grandes Garras) dejaron más de un centenar de muertos en un ataque indiscriminado contra la población en Pont Sondé, en el departamento de Artibonite.
En la resolución adoptada, la comunidad internacional se compromete a tomar las "medidas necesarias" para impedir el tráfico ilícito, el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de armas a Haití o proporcionar asistencia técnica para el armamento que no esté destinado a las fuerzas de seguridad, a usos oficiales o para proteger a la población.
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Varios informes recientes dan cuenta de la "débil" implementación del embargo de armas que llegan a Haití principalmente desde Florida (Estados Unidos), aunque también desde República Dominicana y Jamaica.
La resolución pide asimismo mayor coordinación entre los diferentes organismos internacionales y amplía 13 meses más el mandato de un panel de expertos que asesoran al Comité de Sanciones.
La adopción unánime del texto "es clave para abordar la crisis multidimensional de Haití, que requiere una respuesta integral", dijo la representante de Ecuador Irina Barba.
En los últimos meses el Consejo de Seguridad también renovó el mandato de la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH) y en septiembre amplió la misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que lidera Kenia.
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El país africano ha enviado 400 policías a Haití como parte del contingente multinacional que debería llegar a los 2.500 efectivos. La semana pasada prometió enviar otros 600 uniformados.
"El régimen de sanciones es un componente clave de los esfuerzos internacionales más amplios para promover la paz y la estabilidad en Haití y en la región", dijo, por su parte, la representante estadounidense Dorothy Shea.
"Al aprobar esta decisión, el Consejo de Seguridad reafirma su determinación de perseguir todo lo que deteriore la situación de seguridad en mi país, que (...) representa una grave amenaza para la paz y la seguridad en la región", añadió un delegado haitiano.
desa/bmc
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