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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) votó este lunes a favor de prolongar y reforzar una misión de investigación para Nicaragua, después de que un primer informe denunció crímenes contra la humanidad.
El Consejo decidió renovar de forma excepcional el mandato de la misión de investigación por dos años y reformar su hoja de ruta, para analizar, entre otros temas la decisión del gobierno de privar a cientos de opositores de su nacionalidad.
La resolución que pidió extender la vigilancia sobre Nicaragua fue redactada por ocho países americanos (Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Paraguay) y tuvo el apoyo también de Argentina y México. Las únicas abstenciones latinoamericanas fueron de Honduras y Bolivia. En total, 21 votaron a favor y cinco (Argelia, China, Cuba, Eritrea y Vietnam) en contra. Además de las latinoamericanas, hubo otras 19 abstenciones.
El voto a favor de México fue aplaudido por Human Rights Watch (HRW). “Aplaudimos que México haya votado a favor de renovar el mandato del Grupo de Expertos para investigar violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El escrutinio internacional es crucial para proteger los derechos humanos”, tuiteó Tyler Mattiace, de HRW.
En la resolución, el Consejo expresó la "grave preocupación por el deterioro de la democracia, el Estado de derecho, la separación de poderes y la situación de los derechos humanos en Nicaragua".
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Acusan a Ortega de querer aplastar a la oposición
Desde una violenta represión de manifestaciones contra el gobierno en 2018, que dejó más de 350 muertos y cientos de detenidos, los grupos de defensa de los derechos humanos, la ONU y varios gobiernos acusan al presidente Daniel Ortega que querer aplastar a la oposición.
En marzo un grupo de expertos de la ONU publicó su primer informe en el que acusó el gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que afirmó que constituyen "crímenes de lesa humanidad".
La resolución condenó "en los términos más firmes" la decisión del gobierno de expulsar en febrero a 222 opositores encarcelados y de despojarlos de su nacionalidad.
Unos días después, el gobierno de Ortega le quitó la nacionalidad a decenas de disidentes ya en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
El grupo de expertos va a informar al Consejo en septiembre y en marzo.
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