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Bogotá. Cerca de un centenar de personas esperaban el lunes afuera de la embajada de Estados Unidos en Bogotá para hacer visados previamente programados. Sin embargo, los trámites continuaban suspendidos para ellos, pese a que el gobierno colombiano declaró superado el entredicho con Estados Unidos generado por la negativa de Colombia de recibir vuelos de inmigrantes deportados.
Uno de los solicitantes enseñó a The Associated Press la carta en la que le comunicaban que su cita había sido cancelada “debido a la negativa del gobierno colombiano” a aceptar vuelos de repatriación provenientes de Estados Unidos “los cuales el presidente Gustavo Petro había autorizado previamente”.
La tensión entre los dos países disminuyó la noche del domingo cuando la Casa Blanca informó que “el gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Donald Trump, incluida la aceptación irrestricta de todos los extranjeros ilegales de Colombia regresados de Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitación ni demora”.
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Mientras, el gobierno colombiano dio por “superado el impasse” y confirmó que seguirán recibiendo a los colombianos deportados de Estados Unidos “garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos”. También dispuso el avión presidencial para transportar a los deportados.
La negativa del presidente Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar Colombia, de recibir los vuelos de deportados en aviones militares el domingo generó el rechazo de Trump, quien ordenó imponer aranceles de 25% sobre todos los productos colombianos entrantes que luego serían aumentados a 50% en una semana.
El anuncio previo de alza mutua de aranceles preocupó a sectores económicos en Colombia —especialmente a los cultivadores de flores y café—, dado que Estados Unidos es su mayor socio comercial y el principal destino de sus exportaciones, con una participación de 29%, según cifras oficiales.
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Además, Trump ordenó “una prohibición de viajar y revocaciones inmediatas de visas” a funcionarios, aliados y partidarios del gobierno colombiano, así como la suspensión de trámites de visa para ciudadanos en la embajada de Bogotá.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó el domingo que las órdenes arancelarias se “mantendrán en reserva y no se firmarán”, luego de que Colombia aceptará recibir a los deportados. Pero Leavitt añadió que Trump mantendrá las restricciones de visa para los funcionarios colombianos y mayores inspecciones aduaneras de mercancías procedentes del país, “hasta que el primer avión cargado de deportados colombianos sea devuelto con éxito”.
La comunicación no dejó claro si también reanudarán el servicio de trámite de visas en la embajada estadounidense en Bogotá de inmediato o una vez aterricen los primeros vuelos de deportados.
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La sede diplomática no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AP sobre la suspensión de visados para los ciudadanos colombianos.
La víspera, el Departamento de Estado del gobierno estadounidense dijo que se autorizarían sanciones de viaje a personas y sus familias “que fueron responsables de la interferencia de las operaciones de vuelos de repatriación” de Estados Unidos.
Estados Unidos es el principal país de destino de los colombianos, el año pasado 1.6 millones de colombianos viajaron a ese país, lo que representa el 25% del total de los viajeros, según el Ministerio Comercio, Industria y Turismo colombiano.
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Como parte de una serie de acciones para cumplir sus promesas de campaña de acabar con la inmigración ilegal, el presidente Trump está utilizando a militares en servicio activo para ayudar a reforzar la frontera y llevar a cabo deportaciones.
Dos aviones de carga C-17 de la Fuerza Aérea que transportaban a migrantes expulsados de Estados Unidos aterrizaron la madrugada del viernes en Guatemala. Ese mismo día, Honduras recibió dos vuelos con un total de 193 personas deportadas.
Colombia aceptó 475 vuelos de deportación de Estados Unidos entre 2020 y 2024, en quinto lugar detrás de Guatemala, Honduras, México y El Salvador, según Witness at the Border, un grupo de defensa que rastrea los datos de vuelos.
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