Brasil declara culpables a responsables del asesinato de activista Marielle Franco; asesinato fue un acto de violencia política

Brasilia. La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil declaró culpables, por unanimidad, a los cinco acusados de ordenar, planear y encubrir el asesinato de la concejala y activista socialista de Río de Janeiro, Marielle Franco, en marzo de 2018.

Los cuatro magistrados de la sala dieron por probado este miércoles que João 'Chiquinho' Brazão, exdiputado federal, y su hermano Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, fueron los “mandantes” de este crimen que causó una enorme conmoción a nivel internacional.

También responsabilizaron penalmente a Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río, por garantizar la impunidad de los implicados al “obstruir” las investigaciones.

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Así como a Ronald Paulo Alves, expolicía militar, por suministrar información “esencial” para el crimen; y a Robson Calixto Fonseca, conocido como 'Peixe', “hombre de confianza” de los Brazão.

Tras un intervalo, los jueces fijarán qué condena impondrán a cada uno.

Los cuatro magistrados, incluido el relator del caso, Alexandre de Moraes, respaldaron las tesis de la Fiscalía, que vio en el asesinato a tiros de Franco y de su chófer, Anderson Gomes, la noche del 14 de marzo de 2018, un intento de silenciar la combativa actuación de la edil contra la presencia de grupos paramilitares en la zona oeste de Río.

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“Es un episodio de violencia política de género para interrumpir a una mujer negra y pobre que osó confrontar los intereses de milicianos hombres blancos y ricos. El recado es ese. El error fue que (los acusados) no esperaban esa grande repercusión”, sostuvo De Moraes.

La Primera Sala del Supremo situó a los hermanos Brazão como los líderes de una facción miliciana “armada” que se dedicaba a ocupar, regularizar y explotar ilegalmente grandes áreas en la zona oeste de Río de Janeiro.

Según el tribunal, ante la cada vez mayor influencia mediática y política de Marielle Franco, los Brazão “decretaron la muerte” de la concejala como “la única salida para preservar sus intereses en la región”.

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Con ello, también buscaron “producir un efecto intimidatorio y disuasorio” entre otros miembros de su plataforma política, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), según defendió De Moraes en su voto.

A las mismas conclusiones llegaron los otros tres magistrados de la sala: Cristiano Zanin, Cármen Lúcia Antunes y Flávio Dino.

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