Acusan a Hunter Biden de posesión ilegal de armas

Washington.— Hunter Biden fue acusado formalmente ayer de cargos federales por posesión de armas de fuego, el último paso en una larga investigación sobre el hijo del presidente que encamina el caso a un posible juicio de alto riesgo a medida que se acercan las elecciones de 2024.

Biden está acusado de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma de fuego en octubre de 2018, periodo en el que reconoció haber luchado contra la adicción al crack, según la acusación presentada en un tribunal federal de Delaware por un fiscal especial que supervisa el caso.

La acusación se produce semanas después del fracaso de un acuerdo de culpabilidad que habría evitado un juicio penal y titulares que hubieran afectado al presidente Joe Biden.

De acuerdo con el escrito de acusación, el 12 de octubre de 2018 o en una fecha cercana a ese día Hunter Biden compró una pistola Colt Cobra de calibre 38, y mintió al vendedor al entregarle un certificado que estipulaba que no era consumidor ilícito ni adicto a estimulantes, estupefacientes u otras sustancias controladas.

“Sabía que esa declaración era falsa y ficticia”, apunta el documento, que también reprocha al hijo del mandatario que mintiera sobre sus adicciones en la información que debía quedar registrada en la licencia federal de armas de fuego (FFL, por sus siglas en inglés).

Con un tercer cargo, se acusa también a Hunter Biden de poseer un arma de fuego sabiendo que era ilegal por sus adicciones. Específicamente, en el certificado que los compradores de armas deben llenar se pregunta al comprador si es “usuario ilegal de, o adicto a la marihuana o cualquier depresivo, estimulante, narcótico o cualquier otra sustancia controlada”.

Se advierte también que “el uso o posesión de marihuana sigue siendo ilegal bajo la ley federal, independientemente de si se ha legalizado o despenalizado con fines médicos o de recreo en el estado” en el que esa persona resida.

Ese registro de transacción deja claro que la información proporcionada se utilizará para determinar si la ley federal o estatal prohíbe a esa persona recibir un arma de fuego, o si le veta su venta o disposición.

El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que, en caso de ser condenado por los tres cargos, Hunter Biden puede recibir un máximo de 25 años de cárcel.

Su nota añade que las sentencias que suelen dictarse en los delitos federales normalmente son inferiores a la pena máxima contemplada. Al frente de las pesquisas ha estado David Weiss, el fiscal federal de Delaware, que a mediados de agosto fue nombrado por el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, fiscal general encargado del caso.

Hunter Biden deberá comparecer ante la corte para la lectura formal de los cargos, pero según CNN todavía no se ha fijado una fecha al respecto. Esa cadena indicó que actualmente se encuentra en California.

La imputación del gran jurado del distrito de Delaware no menciona el otro delito por el que también estaba investigado, la declaración irregular de impuestos. En la vista celebrada el 27 de julio estaba previsto que Hunter Biden se declarara culpable tras llegar a un acuerdo con los fiscales federales, pero el trato acabó desmoronándose después de que la jueza que debe dictar sentencia, Maryellen Noreika, nominada por el expresidente Donald Trump, expresara dudas sobre el mismo.

En virtud de ese acuerdo, el hijo del presidente, de 53 años, hubiera podido evitar una imputación formal bajo ciertas condiciones, pero tras una vista llena de interrupciones y cambios Hunter Biden decidió no rubricar el pacto y declararse no culpable.

El abogado defensor de Hunter Biden argumenta que no violó la ley y sigue protegido por una disposición de inmunidad que fue parte del acuerdo de culpabilidad. También ha estado bajo investigación por sus negocios y el fiscal especial ha indicado que podrían presentarse cargos fiscales en algún momento en Washington o en California, donde vive.

Los republicanos, liderados por Trump, han utilizado la investigación contra Hunter Biden para sembrar dudas sobre sus negocios en el extranjero y para describir a la familia del mandatario como corrupta. Las pesquisas contra Hunter Biden se abrieron en 2018 y los conservadores se han apoyado en ellas para atacar al presidente, al que acusan de no haber hecho ningún esfuerzo para llevar esta pesquisa hasta el final.