Diputadas locales de Morena presentaron una iniciativa para castigar con hasta hasta 20 años de cárcel el robo y despojo de agua.

La iniciativa, promovida por las legisladoras Xóchitl Bravo y María Guadalupe Espinosa de los Monteros, detalla que se impondrán de dos a seis años de prisión a quien sustraiga, disponga o se apropie, sin derecho y sin consentimiento de la autoridad competente, de agua de uso doméstico, agrícola, industrial o de cualquier otra naturaleza, proveniente de la red pública. En caso de reincidencia, la sanción podrá aumentarse hasta en una mitad, es decir, hasta nueve años de cárcel.

A su vez, se impondrán de cinco a 10 años de prisión a quien condicione el acceso al agua mediante: la exigencia de dádivas, promesas de dinero o contraprestaciones de cualquier naturaleza; la imposición de condiciones ajenas al servicio público para su reparto; o cualquier otro acto de coacción, simulación o abuso que restrinja injustificadamente el acceso al agua en perjuicio de una o más personas.

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Además de estas penas, se impondrían hasta 10 años de prisión cuando el despojo de agua se realice por tres o más personas, contra grupos vulnerables, o sea cometido por un servidor público.

Las morenistas señalaron que la Secretaría de Gestión Integral del Agua ha reportado pérdidas significativas derivadas de fugas y conexiones ilegales. “El robo de agua, aunque reconocido como fenómeno extendido, carece de una tipificación penal clara, lo que dificulta que las fiscalías y los tribunales actúen con contundencia”, subraya la propuesta.

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En ese contexto, indican que la capital del país enfrenta una de las crisis hídricas más complejas en México. Ello, agregan, porque la sobreexplotación de los acuíferos locales; el deterioro de la infraestructura hidráulica; el crecimiento poblacional, y el cambio climático generan una presión insostenible sobre el sistema de abastecimiento.

“De acuerdo con informes oficiales, hasta el 40% del agua que circula en la red se pierde no sólo por fugas, sino también por tomas clandestinas y prácticas ilícitas de extracción, que constituyen un verdadero despojo a la colectividad”, precisa la iniciativa.

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