Plausible que este mediodía se haya presentado en una corte federal de Estados Unidos acusación de narcotráfico contra un gobernador, un senador, un alcalde y otros siete funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, más aún cuando aquí en México no se había hecho aquí ni siquiera una investigación, a pesar del cúmulo de indicios periodísticamente documentados.
Los acusados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York de “conspirar con los líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a cambio de apoyo político y sobornos”, son:
El gobernador de Sinaloa en funciones, Rubén Rocha Moya; el senador y expresidente del Poder Judicial en esa entidad, Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil; el secretario de Finanzas del estado, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; el excomisario de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito; y el comandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Milán.
El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el director de la DEA, Terrance C. Cole, desclasificaron un documento de 34 páginas que detalla acusaciones que son producto de una investigación realizada por diversas instancias estadounidenses a las que agradecen su participación al igual —ojo— que al gobierno de México. De ello se infiere que nuestro país participó o participa en tal investigación.
Con la advertencia en el documento de que “los cargos contenidos son meras acusaciones y se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad”, al gobernador Rocha Moya se le atribuye haber recibido apoyo del narco para ganar la elección que lo llevó al poder en 2021.
“Para respaldar la elección de Rocha Moya los líderes de Los Chapitos (una de las facciones en pugna del cártel de Sinaloa) ordenaron (a sus sicarios) robar las papeletas con votos (que favorecían) a sus oponentes… y secuestrar e intimidar a los candidatos de la oposición… a cambio de proteger sus operaciones en el tráfico de drogas”, dice la acusación del fiscal Clayton.
En esa tarea contó con el apoyo del hoy senador Enrique Inzunza quien operó para instalar en posiciones relevantes de los gobiernos estatal y municipal, así como de las corporaciones policiacas a personas afines, con vínculos o susceptibles de ser sobornadas por “Los Chapitos”.
En ese sentido la acusación asegura que el exfiscal Castro Saavedra recibía de los narcos sobornos por 11 mil dólares mensuales y quien fuera uno de sus comandantes, Juan Valenzuela Millán, por mil 600 dólares al mes.
La acusación, por cierto, nada refiere sobre el secuestro a Estados Unidos del otro gran capo de cártel, Ismael “El Mayo” Zambada, engañado y traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, al convocarlo a una reunión a la que -según declaración de “El Mayo”-asistirían Rocha Moya y su adversario político Héctor Melesio Cuén Ojeda quien, es mismo día fue asesinado y su deceso burdamente atribuido a un asalto en una gasolinería sinaloense.
La noticia, por supuesto, ha sacudido la vida política, sobre todo al partido en el poder y a sus principales exponentes, incluido AMLO, pues abre líneas de investigación que quién sabe hasta dónde podrían llegar en la búsqueda de vínculos del narcotráfico con Morena.
Rocha Moya ha negado categóricamente las acusaciones y dicho que demostrará que carecen de veracidad y fundamento. Ha considerado, asimismo, que forman parte de “una estrategia perversa para violentar el orden constitucional del país”.
El argumento suena exagerado o quizá desesperado. Lo cierto es que este episodio, al igual que el de los dos agentes de CIA que habrían participado en un operativo antidrogas en Chihuahua sin el conocimiento y la autorización de la autoridad federal -única que por mandato constitucional puede avalarlo- han tensado la relación entre Estados Unidos y México a un nivel sin precedente en la historia reciente.
En Chihuahua se violó la Constitución y por ello -supiera o no supiera del operativo- la gobernadora María Eugenia Campos deberá cargar con su responsabilidad política, más allá de su militancia panista o de su argumentación de que para obtener resultados hay que violar la ley.
Y en el caso de Sinaloa, Rubén Rocha Moya -también más allá de militancias y afinidades ideológicas- deberá cargar igualmente con su responsabilidad política y hasta penal, si con su caso se llega a demostrar el tan cacareado vínculo de Morena con el narcotráfico.
Por lo pronto no parece casual que el escándalo Rocha Moya se haya destapado tan cerca del escándalo Maru Campos.
raulrodriguezcortes.com.mx
@RaulRodriguezC