PAN denuncia omisiones de la CDH CDMX; exige investigar silencio por muertes en Santa Martha Acatitla
La diputada Olivia Garza presentó una queja ante el Órgano Interno de Control al considerar injustificable que la Comisión de Derechos Humanos no se haya pronunciado públicamente tras el fallecimiento de seis mujeres bajo custodia del Estado
La diputada local del PAN Olivia Garza presentó una queja ante el Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX para que investigue la actuación de la Segunda Visitaduría, al considerar “injustificable” que, tras la muerte de seis mujeres en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, el organismo haya guardado silencio y se abstenga de emitir un pronunciamiento público.
La legisladora señaló que, aunque tiene conocimiento de que la Comisión abrió dos quejas de oficio relacionadas con estos casos, ello no exime su obligación de informar a la sociedad qué está investigando, qué resultados existen frente a hechos de tal gravedad y qué medidas ha solicitado para la no repetición de los hechos.
“La Comisión no puede limitarse a abrir expedientes y desaparecer, su principal herramienta es hacer visibles las violaciones a los derechos humanos y en este caso decidió guardar silencio. Permanecer como espectadora mientras mueren 6 mujeres bajo custodia del Estado no es de una Comisión de Derechos Humanos”, sostuvo.
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La legisladora recordó que entre marzo y junio fallecieron Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura mientras se encontraban bajo la custodia del Estado, en medio de denuncias públicas sobre presuntas extorsiones, agresiones y actos de corrupción dentro del penal, sin que hasta el momento exista un posicionamiento institucional de la CDHCDMX sobre estos hechos.
”¿En qué otro lugar sería normal que murieran seis mujeres y el organismo encargado de defender los derechos humanos no dijera absolutamente nada? Ese silencio también lastima a las víctimas y a sus familias”, insistió.
La diputada sostuvo que la queja busca determinar si existieron omisiones administrativas de los servidores públicos responsables de atender estos casos, pues cuando la autoridad encargada de proteger derechos humanos deja de actuar públicamente frente a hechos tan graves, también debe rendir cuentas.
“Las mujeres privadas de la libertad siguen siendo personas con derechos. Si el Estado no pudo proteger sus vidas y la Comisión tampoco alzó la voz, ambas instituciones le están fallando a la sociedad”, enfatizó.
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