Toluca, Méx.- El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad que la educación desde nivel inicial hasta el superior será obligatoria en la entidad, y el gobierno del estado tendrá la responsabilidad de garantizarla pues actualmente cerca del 30% de jóvenes no concluyen su educación básica .

El proponente de la iniciativa, el diputado Benigno Martínez García explicó que tras las reformas federales en materia educativa, era necesario actualizar la constitución local y garantizar la educación desde inicial hasta superior en todo el territorio mexiquense.

En 2015, el rezago educativo en la población de 15 años o más que no concluyó la educación básica obligatoria fue de 29.6% y ocho de cada 10 estudiantes de sexto de primaria no alcanzaron los logros esperados en las áreas de lenguaje y comunicación.

“La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, por lo que en conjunto con las autoridades federales, el gobierno de la entidad establecerá políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale”, precisó el legislador.

La reforma establece que la Universidad Autónoma del Estado de México como organismo público descentralizado de la entidad, debe poner especial atención en el cumplimiento de la función social del servicio que ofrece.

Además, establece que las medidas para la equidad y excelencia educativa, deben dirigirse a grupos y regiones con mayor rezago y vulnerables a condición socioeconómica, física, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales.

El Estado, subrayó, deberá fomentar el uso y manejo de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital.

“Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo, tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, precisó Martínez.

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