Diputada local del PRI propone aumentar penas por delito de despojo en CDMX
La propuesta subraya que el despojo no sólo afecta a los inmuebles, sino también el tejido social y la salud emocional de las víctimas
La diputada local del PRI, Tania Larios, propuso aumentar las penas por el delito de despojo.
La legisladora presentó una iniciativa para modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal local para que se impongan de siete a 14 años de prisión y de 500 a mil días de multa para quien ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca.
Además de estas penas, propuso imponer de 10 a 20 años de prisión a quien despoje de sus bienes a un familiar o persona en situación de dependencia física o económica; cuando se utilicen armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa; y cuando participe un notorio público.
La iniciativa plantea que el delito de despojo en la Ciudad de México se ha convertido en una de las problemáticas más complejas y frecuentes, no sólo por su alto número de casos, sino por la ineficiencia estructural del sistema legal y administrativo encargado de prevenirlo y sancionarlo.
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La realidad, se añade, es que las víctimas enfrentan procesos lentos, burocráticos y costosos, que les impiden recuperar oportunamente su propiedad y acceder a una justicia pronta y expedita.
“La problemática no se limita a la comisión del delito, sino que está estrechamente vinculada a la falta de registros claros y actualizados de la propiedad inmobiliaria, lo que facilita que personas ajenas falsifiquen documentos, simulen actos de autoridad o utilicen vacíos legales para apropiarse de inmuebles”, se precisa.
La propuesta subraya que el despojo no sólo afecta a los inmuebles, sino también el tejido social y la salud emocional de las víctimas, pues la pérdida de una vivienda o terreno significa la pérdida de estabilidad, recuerdos e identidad por lo que han trabajado toda su vida.
“Los responsables, al no enfrentar consecuencias reales, encuentran incentivos para repetir las conductas delictivas, aprovechando los vacíos y la lentitud del sistema. Esta situación refleja una crisis institucional y jurídica, ya que las leyes existen, pero su aplicación es ineficaz; los registros de propiedad están desactualizados; los procedimientos son inaccesibles para la mayoría de la población; y los costos asociados a la defensa del patrimonio son tan elevados que muchos ciudadanos optan por desistir antes de obtener justicia”, se indica.
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