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La diputada local del PRI, Tania Larios, propuso aumentar las penas por el delito de despojo.
La legisladora presentó una iniciativa para modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal local para que se impongan de siete a 14 años de prisión y de 500 a mil días de multa para quien ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca.
Además de estas penas, propuso imponer de 10 a 20 años de prisión a quien despoje de sus bienes a un familiar o persona en situación de dependencia física o económica; cuando se utilicen armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa; y cuando participe un notorio público.
La iniciativa plantea que el delito de despojo en la Ciudad de México se ha convertido en una de las problemáticas más complejas y frecuentes, no sólo por su alto número de casos, sino por la ineficiencia estructural del sistema legal y administrativo encargado de prevenirlo y sancionarlo.
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La realidad, se añade, es que las víctimas enfrentan procesos lentos, burocráticos y costosos, que les impiden recuperar oportunamente su propiedad y acceder a una justicia pronta y expedita.
“La problemática no se limita a la comisión del delito, sino que está estrechamente vinculada a la falta de registros claros y actualizados de la propiedad inmobiliaria, lo que facilita que personas ajenas falsifiquen documentos, simulen actos de autoridad o utilicen vacíos legales para apropiarse de inmuebles”, se precisa.
La propuesta subraya que el despojo no sólo afecta a los inmuebles, sino también el tejido social y la salud emocional de las víctimas, pues la pérdida de una vivienda o terreno significa la pérdida de estabilidad, recuerdos e identidad por lo que han trabajado toda su vida.
“Los responsables, al no enfrentar consecuencias reales, encuentran incentivos para repetir las conductas delictivas, aprovechando los vacíos y la lentitud del sistema. Esta situación refleja una crisis institucional y jurídica, ya que las leyes existen, pero su aplicación es ineficaz; los registros de propiedad están desactualizados; los procedimientos son inaccesibles para la mayoría de la población; y los costos asociados a la defensa del patrimonio son tan elevados que muchos ciudadanos optan por desistir antes de obtener justicia”, se indica.
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dmrr/cr
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