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El pleno del Congreso de la Ciudad de México lamentó y guardó un minuto de silencio por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, y por los hechos ocurridos en Teotihuacán que dejaron como saldo dos muertos y 13 heridos.
El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, expresó, a nombre del Congreso local, su solidaridad y acompañamiento a los familiares, amistades y seres queridos de las víctimas.
Ante esta pérdida irreparable que no debió ocurrir, “confiamos en que las autoridades competentes llevarán a cabo investigaciones exhaustivas y prontas que permitan esclarecer ambos sucesos y garantizar que se haga justicia, sancionando a quien o quienes resulten responsables”, expuso.
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Asimismo, reiteró, con toda firmeza, que la violencia no puede ni debe normalizarse en ninguna de sus formas. “Desde este Congreso condenamos ambos sucesos y hacemos un llamado a redoblar esfuerzos desde todos los ámbitos de gobierno para prevenir, atender y erradicar la violencia”.
Las y los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas y posteriormente la sesión continuó.
Homicidio por omisión
Ayer, la diputada local del PVEM Rebeca Peralta exigió que se investigue la posible configuración del delito de homicidio por omisión, atribuible a servidores públicos de la Fiscalía capitalina, quienes habrían incumplido su deber de actuar de manera inmediata ante la denuncia de desaparición de Edith Guadalupe.
Sostuvo que es indispensable que la Fiscalía capitalina determine con precisión la hora de la muerte de la víctima, ya que este elemento permitiría establecer si al momento de la denuncia Edith Guadalupe aún se encontraba con vida y si la omisión institucional impactó directamente en la posibilidad de localizarla con vida.
“Cuando la falta de actuación o la actuación indebida de servidores públicos puede incidir en la pérdida de una vida, la responsabilidad deja de ser administrativa y se convierte en un asunto de carácter penal que debe investigarse con toda seriedad”, subrayó.
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Enfatizó que es urgente que se investiguen y deslinden responsabilidades no solo administrativas, sino también penales, no únicamente por los posibles actos de extorsión al solicitar dinero a los familiares para iniciar las diligencias, sino de manera directa por el impacto que estas omisiones pudieron tener en la consumación del homicidio de la joven.
“Las autoridades tienen la obligación de actuar con inmediatez ante cualquier reporte de desaparición, especialmente cuando existe la posibilidad de que la víctima aún pueda ser localizada con vida; si no lo hacen, no solo deben ser destituidos, deben tener una sanción penal”, indicó.
La legisladora hizo un llamado a la Fiscalía capitalina para que se analice la procedencia de la extinción de dominio del inmueble donde fue localizada la víctima, al tratarse del lugar donde ocurrió el crimen.
mahc
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