“Falta de dictámenes de riesgo atrasa demoliciones”

phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx

La falta de dictámenes de riesgo, emitidos por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, ha retrasado la integración de los expedientes respecto de los inmuebles que deberán demolerse en la Ciudad de México, indicó el consejero jurídico, Manuel Granados.

Indicó que los 24 inmuebles, sobre los cuales el Comité de Emergencia ha solicitado su demolición, en seis casos se tienen listos los expedientes y han sido ya entregados a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), para que proceda a dichos trabajos. Afirmó que una vez se tiene el documento, el expediente se integra en un máximo día y medio.

“Yo mando primero a un notario a que de fe de hechos, de que ya no hay ningún procedimiento de búsqueda, rescate o localización de personas, y que yo reciba el dictamen del Instituto de Seguridad de las Construcciones. ¿Qué nos detiene?, los dictámenes del Instituto de Seguridad de las Construcciones. Como son más técnicos, más específicos, nosotros sólo estamos esperando que se nos entreguen esos dictámenes para tomar esa decisión”, explicó Manuel Granados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el consejero jurídico adelantó que a los 24 inmuebles que han sido ya determinados para demolerse, se sumarán seis más aprobados por el Comité de Emergencias con lo cual sumarán 30, los cuales están ubicados en las delegaciones Benito Juárez, Cuauh- témoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan.

Al momento, los expedientes concluidos y que fueron entregados a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) corresponden a Concepción Béistegui 1503 (donde terminó la demolición y limpieza del predio), Sonora número 149, Coquimbo 911, Calzada de la Viga 1756, Hamburgo 112 y Génova 33, en la Zona Rosa.

En el caso del inmueble ubicado en República de Uruguay 48, la demolición será hecha por Grupo Carso, como en San Antonio Abad 122, donde el dueño asumirá todos los gastos.

Los siguientes expedientes por concluir corresponden a Canal de Miramontes 3010, así como los edificios Osa Mayor y Centauro en la colonia Doctores.

“Cuando el riesgo es inminente, el gobierno de la Ciudad tiene que actuar para no poner en riesgo la vida de nadie. Y ahí sí el procedimiento que se ha adoptado es una notificación, darle su garantía de audiencia y lo que tenga que manifestarse en cuanto a su derecho convenga, se les da dos días después de la notificación y una vez que se agota este procedimiento se procede a la demolición”, explicó.

Manuel Granados destacó que hasta el momento no se han encontrado propiedades intestadas y se ha privilegiado el concretar acuerdos con los dueños de los inmuebles a fin de evitar expropiaciones, lo que ha derivado en que no se hayan presentado amparos contra la determinación de demolición.

“Más bien ha sido por acuerdo, por convenio, por voluntad propia de los titulares registrales de cada uno de los inmuebles que han solicitado al Gobierno de la Ciudad la demolición”, agregó.