CDHCM insiste en políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda; priorizan grupos vulnerables

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado para que continúe el diseño de políticas públicas y programas sociales que pondere la atención de los grupos prioritarios, a fin de garantizar su derecho a la vivienda adecuada.

Durante la presentación del Informe Temático “Derecho a la Vivienda de los Grupos de Atención Prioritaria”, la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, refirió que este derecho no se agota simplemente con asignar a las personas un espacio físico de cuatro paredes, sino que representa simbólicamente el compartir con quienes habitamos, seguridad, paz y dignidad.

Destacó que el organismo se ha pronunciado al respecto a través de 20 Recomendaciones.

En cuanto a expedientes de queja, entre 2010 y 2024, el 35% de los asuntos asociados al derecho a la vivienda se relacionó con el otorgamiento de vivienda pública sin criterios transparentes o justa asignación; el 26% por el otorgamiento de vivienda en condiciones jurídicas que garanticen la seguridad en la propiedad o posesión y el 11% por desalojo arbitrario o ilegal.

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Apuntó que, de acuerdo con fuentes oficiales, de 1990 a 2020 las viviendas particulares habitadas en la Ciudad aumentaron en un 53%, y que el proceso de verticalización de inmuebles -que somete presión en el uso de suelo urbano por la adición de niveles a las construcciones- ha tenido un aumento acelerado, más en alcaldías como Benito Juárez (74%), Cuauhtémoc (73%) y Miguel Hidalgo (60%).

El informe de la CDHCM, precisaron, se alimenta de narrativas de personas que luchan de forma cotidiana por una vivienda digna y que pertenecen a estos grupos de atención prioritaria: mujeres, personas mayores, trabajadoras en vía pública, jóvenes y personas en situación de pobreza, por mencionar algunos.

En su oportunidad, el Secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, destacó que tomarán nota del Informe Temático elaborado por la Comisión con absoluta responsabilidad, por lo que se comprometió a trabajar colectivamente para garantizar el derecho a la vivienda digna en la capital.

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