La representación legal de la familia de Berenice Giles, una de los dos fotógrafos fallecidos durante el festival Axe Ceremonia, aseguró que Ocesa y Seguridad Privada Lobo tramitaron amparos para detener el acuerdo por el que se les daba la calidad de imputadas en el proceso por la muerte de los reporteros gráficos.
Durante una conferencia de prensa realizada la mañana de este miércoles afuera de las instalaciones de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, de la colonia San Ángel, el abogado de la familia Giles, Fabián Victoria, dijo que las empresas mencionadas se adelantaron a solicitar los amparos ante el acuerdo de la Ministerio Público que les dio la calidad de imputadas.
"Ocesa y Lobo vinieron a presentar, cada quien de ellas, un amparo directo en contra del acuerdo que determinaba darles la calidad de imputados. Aquí es muy importante que ustedes sepan que esos dos amparos, Ocesa y Lobo los presentaron el día 12 de enero, el acuerdo que le dio la calidad de imputadas a Lobo y a Ocesa es de fecha 14 de enero de 2025 (sic). Esto quiere decir que 2 días antes de que existiera ese acuerdo, Ocesa y Lobo ya se habían venido a amparar en contra de ese acuerdo que les cambiaba la calidad a imputadas y que todavía no existía", dijo Victoria.

El viernes 23 de enero de este año, la familia Giles aseguró que la empresa Ocesa y Seguridad Privada Lobo están en calidad de imputadas por el delito de homicidio, por la muerte de los dos fotógrafos Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, durante el festival Axe Ceremonia.
A través de un comunicado, la familia de Berenice Giles y su representante legal dijeron que el pasado 20 de enero se les notificó de la imputación a las dos empresas, por parte del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Karina Granados Peralta.
Durante la conferencia de este miércoles, Fabián Victoria, aseguró que el jefe de los asesores legales de la familia de Miguel Ángel Rojas, el otro fotógrafo que falleció en el festival, es un académico y profesor de diversos servidores públicos de la FGJ, con lo cual, puso en duda la imparcialidad del proceso.
"El prestigiado licenciado Rubén Quintino, quien es un académico, y quiero decirles que es del dominio público que ha sido profesor de numerosos servidores públicos de la Fiscalía General de la Ciudad de México, con lo cual hay impedimento para que él siga siendo asesor jurídico de la familia Rojas Hernández ¿Por qué? Porque es lógico que derivado de una relación de docencia, entre profesor y estudiante se crea un vínculo, se crea un lazo de amistad y eso rompe con la imparcialidad que debe prevalecer en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad", aseguró Victoria.
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