El diputado local del PRD Pablo Trejo propuso oficializar en el Código Fiscal de la CDMX los costos que tendrán los trámites de alta, tarjeta de circulación y placas para los conductores de .

Su propuesta estipula que, por el trámite de alta, los conductores de scooters, bicis eléctricas y vehículos eléctricos personales, que superen los 25 kilómetros por hora, pagarán 355 pesos; por la reposición de tarjeta de circulación o por cambio de propietario, domicilio, motor o corrección de datos, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación, se cobrarán 140 pesos; y por el trámite de baja la cuota será de 200 pesos.

Se señala que la regulación propuesta favorece la implementación gradual de instrumentos administrativos orientados a promover una movilidad más segura. Foto: archivo/EL UNIVERSAL
Se señala que la regulación propuesta favorece la implementación gradual de instrumentos administrativos orientados a promover una movilidad más segura. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

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La propuesta, turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, también precisa que para conducir Vemepes se requerirá una licencia tipo ‘A1’ o ‘A2’, cuyo costo es de 572 y mil 142 pesos, respectivamente.

“La presente iniciativa tiene como finalidad consolidar la armonización del sistema jurídico de la Ciudad de México mediante la incorporación, al Código Fiscal de la Ciudad de México, de las disposiciones necesarias para regular el pago de derechos derivados de los servicios de control vehicular y de la expedición de licencias de conducir aplicables a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe)”, señala la propuesta.

Asimismo, se señala, la regulación propuesta favorece la implementación gradual de instrumentos administrativos orientados a promover una movilidad más segura, eficiente y ambientalmente responsable, en concordancia con los objetivos de sostenibilidad y electromovilidad previstos en los instrumentos de planeación de la Ciudad de México.

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“En ese contexto, el establecimiento de un régimen jurídico integral para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales constituye una medida que fortalece el derecho a la movilidad y contribuye a la construcción de un sistema de transporte multimodal que responda a las nuevas necesidades de desplazamiento de la población”, se añade.

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