La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) indaga posibles fallas técnicas, así como posibles incumplimientos en medidas de seguridad y protección civil y omisiones en la obtención de permisos, en la demolición del edificio de San Antonio Abad 124, colapsado en marzo pasado, en donde tres trabajadores perdieron la vida.
Así lo dio a conocer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, quien precisó que desde que ocurrieron los hechos se inició “una investigación técnica muy importante” y se ha avanzado en las distintas líneas de investigación del caso.
En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Alcalde Luján señaló que, respecto a posibles fallas técnicas, en el proceso de demolición, hasta ahora se sabe que la empresa usaba un método de derribo “progresivo”, por lo que se realiza una evaluación técnica “muy importante” en posibles fallas al respecto.
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Por otro lado, señaló que se investigan posibles incumplimientos en medidas de seguridad y protección civil, así como omisiones normativas en relación a la obtención de permisos y autorizaciones.
Explicó que no hay una denuncia por falsedad de documentos. Sin embargo, dijo que “es muy importante que la Fiscalía haga un análisis puntual de la documentación que está recabando y que están entregando tanto la empresa privada como las autoridades, para determinar la responsabilidad en este caso”.
“Estamos avanzando en la investigación de manera muy puntual, muy objetiva y técnica, y vamos a dar los resultados, en cuanto la investigación ya los arrojé”, aseveró.
Por otro lado, la titular de la FGJ-CDMX afirmó que se ha dado acompañamiento a las víctimas; además, aseguró que se respetará su voluntad sobre cómo quieren dar continuidad al caso, ya sea por medio de un acuerdo reparatorio o si quieren avanzar en el proceso penal.
El pasado 4 de abril, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que el acuerdo de facilidades para demolición y reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo de 2017 no significa que no se tenga que cumplir “con nada”, sino que se debe contar mínimamente con requisitos “muy importantes”, como son estudios de riesgo, programa de demolición, póliza de responsabilidad y fe de hechos del estado de las colindancias, de acuerdo con la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa.
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