El Plan B, dado a conocer por la presidenta tras ser rechazado su primer intento de reforma electoral, derivará en una oportunidad para hacer publicidad electoral en favor de la mandataria, aseguraron especialistas.

A una semana del revés legislativo, presentó una charla exclusiva en línea con tres destacados especialistas: , doctor en Ciencia Política y ex-presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral; , doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM); y Tito Garza Onofre, investigador del IIJ-UNAM y miembro nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Gobierno Mexicano.

El pasado 11 de marzo, la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada en el Poder Legislativo al no alcanzar los 334 votos necesarios para una mayoría calificada, en un contexto marcado por la falta de respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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La iniciativa original planteaba la reducción del número de senadores, recortes al financiamiento electoral y una reevaluación del sistema de representación proporcional.

Tras su rechazo, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta, el , que incluye modificaciones a la revocación de mandato, reducción del presupuesto de congresos locales, disminución de regidurías y ajustes salariales a funcionarios.

Durante la discusión virtual, los especialistas analizaron ambos “Planes” y coincidieron en una preocupación central: el rumbo actual de la reforma electoral rompe con la lógica histórica de consenso que caracterizó cambios previos como los de 1994, 1996, 2007 y 2014, construidos a partir de acuerdos entre fuerzas políticas y demandas de la oposición.

Sobre la primera propuesta de reforma electoral planteada por Sheinbaum, Garza Onofre opinó que se trataba de una “reforma que planteaba reconfiguraciones muy fuertes al actual sistema electoral” y que resultó un “fracaso político”.

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Javier Martín Reyes complementó el análisis añadiendo que los partidos "bisagra" (PT y Verde) no respaldaron la reforma de Sheinbaum porque viven de la representación proporcional y la reforma les quitaba financiamiento y representación a cambio de nada.

En contraste, el Plan B fue descrito como una versión menos radical, aunque con “focos rojos”. Garza Onofre los consideró “un terreno fértil para que la próxima elección del año 2027 termine siendo una catástrofe”.

El principal punto de coincidencia entre los especialistas fue la preocupación por la revocación de mandato. Señalaron que este mecanismo, concebido originalmente como una herramienta de democracia directa para que la ciudadanía pudiera remover a sus gobernantes, está siendo desvirtuado en favor de la propaganda electoral.

La iniciativa contempla el cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato para la presidencia de la república, que quedaría empatada con las elecciones intermedias, además propone que la mandataria pueda hacer proselitismo a su favor.

“Hoy el Plan B se está convirtiendo en un ritual para potenciar las posibilidades de hacer publicidad electoral por parte de la presidenta de la República”, advirtió el Dr. José Woldenberg.

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En la misma línea, se alertó sobre el uso político de este mecanismo. “Cuando la presidenta dice que ‘es una reforma contra los privilegios’, habría que decirle que es todo lo contrario. Es una reforma para darle un privilegio constitucional única y exclusivamente a ella, para quedarse en el cargo, no pedir licencia y utilizar diferentes tipos de recursos públicos para meterse en la contienda electoral; ese creo que es el corazón de este llamado Plan B”, señaló Martín Reyes.

La propuesta, advitieron, podría romper con reglas básicas de la competencia democrática, pues el Plan B se puede convertir en un “paréntesis”, donde la revocación de mandato sería un mecanismo para que la presidenta haga campaña adelantada desde el cargo, sin las restricciones habituales.

Los especialistas coincidieron en que estos cambios podrían transformar la revocación de mandato en un instrumento para “arrastrar votos”, afectando la de la contienda electoral y favoreciendo al oficialismo.

Asimismo, se alertó sobre el contexto institucional en el que se plantea la reforma. Se señaló que el no ha sido objeto de cambios y que su actuación ha sido cuestionada, mientras que el sistema electoral en su conjunto ya enfrenta problemas estructurales, como la falta de imparcialidad y deficiencias en el financiamiento.

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La combinación de la reforma electoral, la elección de juzgadores y la revocación de mandato podría derivar en un proceso electoral complejo en 2027, concluyeron los analistas.

Aunque el Plan B es considerado menos drástico que la propuesta original, los especialistas coincidieron en que mantiene elementos regresivos y que podría profundizar los riesgos para la democracia mexicana.

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