Urgen desplazados a combatir a Los Ardillos

Chilpancingo.— Unos 500 pobladores de 12 comunidades nahuas de Chilapa, aglutinadas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y en el Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), exigieron al gobierno federal que desmantele a la organización criminal Los Ardillos, que investigue a la alcaldesa de Chilapa, la priista Mercedes Carballo Chino, por su presuntos vínculos con el crimen, y que libere a su líder Jesús Plácido Galindo, preso en el penal de El Altiplano.

Los pobladores se reunieron en la comunidad de Alcozacán para denunciar que a tres meses de que Los Ardillos los atacaron ni el gobierno federal ni el estado ha detenido a sus líderes, ni tampoco ha detenido los ataques. Eso ha impedido que muchos de los pobladores puedan retornar a sus pueblos.

Del 6 al 11 de mayo, Los Ardillos atacaron a los pobladores de las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán. Los criminales cercaron los pueblos, luego entraron y quemaron casas, cortaron la energía eléctrica y la telefonía, les dispararon desde los cerros y les lanzaron explosivos desde drones artillados.

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Los pobladores hicieron lo que pudieron: niñas, niños, mujeres y adultos mayores salieron huyendo hacia Alcozacán, la comunidad vecina. Tomaron lo que pudieron y salieron corriendo con las balas detrás.

El saldo de ese ataque: 800 personas desplazadas y 12 asesinadas.

En este último capítulo, Plácido Galindo fue la cara visible que denunció los ataques e hizo acusaciones directas. Dijo que la alcaldesa de Chilapa protege a Los Ardillos porque es cuñada del líder, Celso Ortega Jiménez, por lo que pidieron que sea investigada.

Ninguna de las autoridades ha informado si investiga a la alcaldesa de Chilapa, tampoco si hay en marcha una operación para detener a los líderes del grupo Los Ardillos.

Los pobladores se reunieron en la comunidad de Alcozacán para denunciar que continúan los ataques. Foto: Salvador Cisneros / EL UNIVERSAL

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Plácido Galindo desde hace mucho denunció las alianzas criminales y políticos. En octubre de 2022, sobre la carretera Chilapa-Tlapa detuvieron la camioneta donde viajaba el entonces presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

A López Obrador le pidieron que detuvieran a los líderes de Los Ardillos y le dieron nombres: los hermanos Celso y Bernardo Ortega Jiménez, este último un político encumbrado en el PRD. Ha sido dos veces alcalde de Quechultenango, el bastión de la organización, y cuatro veces diputado local por un distrito que territorialmente controlan Los Ardillos. Ahora su hijo Iván Ortega Jiménez ocupa ese mismo distrito.

Lo cierto es que a Plácido Galindo lo comenzaron a investigar. A inicios de julio pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le bloqueó sus cuentas bancarias.

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El Cipog-EZ explicó que al momento del bloqueo, Plácido Galindo tenía en su cuenta del banco BBVA “únicamente un saldo de 280 pesos, mientras que en Banco Azteca no contaba con recursos”.

El bloqueo de sus cuentas fue el primer aviso. La tarde del viernes 17 de julio pasado, en un retén del Ejército, unos 40 agentes y militares, todos encapuchados, le hicieron el alto al vehículo donde viajaba Plácido Galindo, lo bajaron y lo subieron a una patrulla.

La fiscalía lo acusó de homicidio agravado y de estar vinculado a la organización criminal Los Rojos, Cártel de la Sierra o Los Tlacos.

A consecuencia de estos ataques han sido asesinados 87 hombres y mujeres e, incluso, a una bebé de siete meses. Foto: Salvador Cisneros / EL UNIVERSAL

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El Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que defiende legalmente a Plácido Galindo, ha denunciado que la acusación es una fabricación de la fiscalía para criminalizar la lucha social.

Este viernes en Alcozacán, los integrantes de la CRAC-PF y del Cipog-EZ pidieron al gobierno que detengan los ataques en su contra, explicaron que lo único que han hecho en la última década es resistir a Los Ardillos.

Indicaron que, a consecuencia de esta resistencia, han asesinado a 87 hombres y mujeres e, incluso, a una bebé de siete meses.

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