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San Juan Guichicovi.— “Pues nosotros nos sentimos libres, pero hay cierto grado de impotencia”, expresa Eleodoro Martínez, extesorero del Comisariado de Bienes Ejidales de Mogoñé Viejo, una localidad de San Juan Guichicovi, Oaxaca, y quien ha formado parte de un movimiento de resistencia ante las promesas incumplidas del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
A su lado se encuentra Josué Martínez Lázaro, secretario del agente municipal de esta comunidad, y alrededor de la mesa, otros integrantes que sufrieron la represión de los gobiernos federal y estatal en 2023, quienes fueron condenados por un juez federal al pago de 28 millones de pesos por protestar a un costado de la vía del Tren Interoceánico.
Eleodoro se refiere al desistimiento de la demanda interpuesta contra 14 indígenas zapotecos de Mogoñé Viejo por el CIIT bajo la condición de que no se vuelvan a manifestar o protestar en contra de este megaproyecto.
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Esta comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec tiene una historia de lucha y resistencia contra diversos proyectos que amenazan su territorio, pero el más reciente se remonta al año 2020, cuando recibieron los primeros anuncios relacionados con los trabajos del Corredor Interoceánico. En ese entonces, Eleodoro era tesorero del ejido y relata que se envió un escrito al CIIT solicitando información que involucra a su comunidad, pero nunca recibieron una respuesta.
Poco tiempo después, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) encabezó una consulta en las comunidades a las que impacta este proyecto federal. Se realizó en Jaltepec de Candoyoc, una población —asegura— que se encuentra alejada de las vías del tren.
Las autoridades agrarias de Mogoñé Viejo no fueron invitadas a la consulta, pese a que las vías pasan por su territorio, pero lograron colarse y sus reclamos causaron que se determinara que la consulta se realizara en los pueblos afectados.
“De tanto insistir logramos firmar un convenio con el CIIT en el que el gobierno federal se comprometió a realizar 18 obras en la población, como el revestimiento de las calles, la pavimentación, la construcción de la casa ejidal y la perforación de un pozo profundo para el abastecimiento de agua potable, entre otras”.
Pero el gobierno federal no cumplió, señala Eleodoro. Y no sólo eso, el compromiso era que únicamente tomarían 4.5 metros de tierra de cada lado de la vía, pero lo ampliaron a 10 metros de cada lado, lo que ya no gustó al Comisariado Ejidal.
Lo que siguió fue la división de la comunidad. Un exmilitar, Víctor Castañón López, asumió la presidencia del comisariado y no se respetaron los acuerdos, principalmente aquel que establecía que ante cualquier afectación a sus tierras, las obras del ferrocarril se pararían.
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“Víctor Castañón no consultó a la asamblea y se desordenó todo. No informaba y hacía asambleas en casas particulares. La gente se molestó. Se politizó la obra. Y, hasta ahora, no tenemos autoridades ejidales por lo mismo”, apunta Josué Martínez.
El 28 de febrero de 2023, después de una asamblea, un grupo de ejidatarios decidió manifestarse e instalar un campamento a un costado de la vía, al cual llamaron Campamento Tierra y Libertad.
Para entonces, el expresidente Andrés Manuel López Obrador quitó al CIIT como encargado de los trabajos del Tren Interoceánico y se lo otorgó a la Secretaría de Marina.
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Ahí, los ejidatarios se mantuvieron durante 60 días hasta que en un operativo en el que participaron la policía estatal y la Guardia Nacional fueron desalojados por la fuerza en marzo de 2023. Fueron detenidos seis ejidatarios, dos hombres y cuatro mujeres.
Después, el gobierno federal presentó 17 denuncias penales contra 16 personas de la comunidad por el delito de obstrucción de las vías federales de comunicación, de las que 14 fueron sentenciadas al pago de 28 millones de pesos por supuestas pérdidas económicas en la construcción de la obra.
“Fue una manifestación pacífica. Nunca tapamos las vías, siempre estábamos a un lado. Nunca tuvimos la intención de que no pasara el Tren Interoceánico. Si Andrés Manuel López Obrador no hubiera metido a la Marina, los ejidatarios hubiéramos agarrado más fuerza…”, señala Eleodoro.
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Finalmente, el gobierno federal desistió de la denuncia y del pago de 28 millones de pesos a cambio de que no se vuelva a bloquear la vía ni a manifestar contra el proyecto. Fue un acuerdo conciliatorio. “O sea, aquí hay desistimiento de acción penal a cambio [de] que ellos desistan de generar cualquier acción que impida la operación del Corredor Interoceánico. O sea, el desistimiento se hace a cambio de que nosotros nos portemos bien. Y portarnos bien significa renunciar a nuestros derechos”.
A pesar de que fue un respiro para ellos este desistimiento, queda la sensación de impotencia, según relata Josué Martínez, porque nunca cumplieron con su compromiso de realizar las 18 obras sociales a cambio de que permitieran los trabajos el paso del Tren Interoceánico por sus tierras.
La lucha sigue
Pese a que ahora parece que su lucha está en pausa, los pobladores consideran que es un movimiento a largo plazo. Esto porque, además, el Corredor Interoceánico no es un proyecto nuevo.
En Mogoñé Viejo sus pobladores han luchado contra proyectos de la Comisión Federal de Electricidad y contra las afectaciones que provocó Petróleos Mexicanos en las obras de ampliación de la carretera que conecta a la región con los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.
“Por lo menos en los últimos 40 años ha sido siempre una historia de estar luchando constantemente y ahorita yo creo que es una etapa. Vienen otras más adelante”, advierten los ejidatarios.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, adelantan que habrá otros proyectos del gobierno que van a causar inconformidad en las comunidades de esta zona de la región del Istmo, sobre todo porque en la mayoría nunca se cumplieron los compromisos de obras sociales y hay una inconformidad latente. Entre ellos, señalaron la construcción de un gasoducto que pasará por sus tierras y la ampliación de las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales quieren hacer más altas con el objetivo de que pasen trenes de mayores dimensiones.
“Son cuestiones que siguen y entonces aquí el tema, lo que sí se percibe, es que con lo que están diciendo los compañeros se llegó a una serie de acuerdos cuando la administración del Corredor Interoceánico estaba en manos de Rafael Marín Mollinedo.
“Pero cuando en marzo de 2024 pasa por completo la administración del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec a la Marina, todos los acuerdos previos se vienen abajo. Y esto ha generado varias movilizaciones en la zona, no solamente lo de Mogoñé Viejo”, explica Eleodoro.
Entre algunas de las promesas a diversas comunidades está la construcción de un hospital que nunca se cumplió; en Matías Romero se prometió una obra en el IMSS y tampoco ocurrió; en San Juan Guichicovi, el gobierno federal se comprometió a un programa de vivienda que no llegó; en Palomares, a una universidad.
“Entonces, en toda la región encontramos compromisos que no se cumplieron y que de alguna forma fue la manera que utilizó el gobierno, entre otras, para que pudieran pasar sus trabajos: en unos lugares, pues, amenazando a la gente, criminalizándola, y en otros lugares, con el ofrecimiento de obras”.
En Mogoñé Viejo la comunidad es mayormente campesina, dedicada al maíz, frijol, hortalizas, camote, calabaza, cilantro y repollo. De eso, afirman, viven y sobreviven. Y la población quedó dividida por actores políticos, y quienes han protestado viven bajo amenaza, porque existe el riesgo de que nuevamente sean sujetos a un proceso penal y al pago de “reparaciones del daño” millonarias.
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