Poder Judicial exige al Congreso de Morelos despenalizar el aborto; Legislativo sigue sin acatar la sentencia
El movimiento "40 Días por la Vida" exigió a los diputados locales rechazar cualquier iniciativa de despenalización del aborto
Cuernavaca, Mor. - El Poder Judicial Federal intensificó la presión contra el Congreso de Morelos y ante la negativa de los legisladores para despenalizar el aborto, un juzgado federal emitió un requerimiento formal bajo los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo para obligar el cumplimiento de la sentencia.
El Legislativo estatal notificó formalmente al juzgado su imposibilidad para acatar la orden dictada el pasado 10 de junio, bajo el argumento de enfrentar obstáculos internos para proceder con la reforma exigida. Con esa respuesta se mantiene vigente la criminalización de la interrupción del embarazo.
La justicia federal rechazó la justificación del Congreso, y el juez de la causa mantiene firme la orden de reformar el Código Penal, tras las sentencias emitidas desde octubre de 2024 que declararon inconstitucional la penalización absoluta en la entidad.
En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que la criminalización del aborto contraviene la Constitución y a pesar de ese mandato superior, el Congreso de Morelos persiste en el incumplimiento de las reformas legislativas correspondientes.
El proceso escala mientras colectivos civiles mantienen la exigencia de garantizar el acceso al servicio de salud conforme a los fallos federales.
Piden a diputados mantener penalización del aborto
Por su lado, el movimiento "40 Días por la Vida" reforzó su cabildeo en el Congreso de Morelos y mediante su coordinadora de Organización, Josefina Martínez, exigió a los diputados locales rechazar cualquier iniciativa de despenalización del aborto, desestimando la obligatoriedad de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Martínez advirtió que el Poder Legislativo debe ignorar lo que denominó presiones de un “poder externo” y sostuvo que la Corte carece de facultades para incidir en la agenda legislativa estatal, a pesar de que los criterios del máximo tribunal son vinculantes en materia de derechos humanos y constitucionalidad.
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