Integrantes del e irrupciones en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) marcaron la jornada posterior a la audiencia inicial de Arturo "N", presunto responsable del asesinato de Paola Buenrostro ocurrido en 2016.

La activista Kenya Cuevas denunció haber sido víctima de actos de discriminación y revictimización por parte del personal judicial durante la comparecencia, lo que desató la exigencia de cese para las autoridades involucradas y una convocatoria masiva de movilización.

Kenya Cuevas convocó al cierre simbólico de la Ceav. Foto: Captura / Francisco Rodríguez - EL UNIVERSAL
Kenya Cuevas convocó al cierre simbólico de la Ceav. Foto: Captura / Francisco Rodríguez - EL UNIVERSAL

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Las claves de la protesta y la denuncia por discriminación institucional

Durante la comparecencia judicial del imputado, detenidos recientemente en el municipio de Nicolás Romero (Estado de México) tras permanecer prófugo casi una década, Cuevas señaló tratos indebidos dentro de las dependencias oficiales.

De acuerdo con datos expuestos por la sociedad civil Casa de las Muñecas Tiresias A.C. en un metraje difundido en plataformas digitales (grabado desde las inmediaciones del edificio conocido como "El Búnker"), el personal del Ministerio Público adscrito a la fiscalía capitalina empleó el nombre registral anterior de la activista, refiriéndose a ella con términos masculinos y haciendo alusiones estigmatizantes sobre el trabajo sexual.

La líder social argumentó que estas conductas ocurrieron a pesar de contar con documentación de identidad actualizada desde 2016 y haber participado históricamente en la formulación de manuales con perspectiva interseccional para las instituciones de procuración de justicia. Entre las principales demandas presentadas por las manifestantes destacan:

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  • Clasificación jurídica del delito: Exigen formalmente que la imputación no sea tramitada únicamente como homicidio calificado, sino bajo la tipificación de transfeminicidio.
  • Destitución de funcionarios: El colectivo solicitó la remoción del cargo de Brenda Celina Bazán Varela, titular de la Fiscalía para la Investigación del Delito de Feminicidio.
  • Atención directa de mandos superiores: Condicionaron el cese de las movilizaciones a un diálogo directo con la fiscal general, Bertha María Alcalde Luján, y autoridades del Gobierno capitalino.
Foto: Captura de pantalla en redes sociales.
Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Retrasos procesales y la respuesta de las autoridades capitalinas

El caso de Paola Buenrostro representa un hito institucional al ser el primer hecho catalogado formalmente como transfeminicidio por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (mediante la Recomendación 02/2019). Sin embargo, la carpeta judicial enfrentó dilaciones de casi diez años desde que un juez libró la orden de aprehensión el 19 de octubre de 2016, derivando en ofertas de recompensa por parte de las autoridades locales en abril de 2023 para lograr la captura del presunto responsable.

Frente a lo acontecido en las salas de audiencia, la FGJCDMX calificó el trato denunciado como un "eventual error" de carácter aislado, argumentando que la institución mantiene lineamientos permanentes sobre respeto a la identidad de género. Por su parte, la fiscal general Bertha María Alcalde Luján sostuvo previamente que la detención constituye un avance en la lucha contra la impunidad y aseguró que el proceso legal continuará bajo estándares de perspectiva de género. Ante la falta de acuerdos inmediatos, organizaciones civiles publicaron un comunicado nacional para convocar a marchas de protesta en respaldo a Cuevas y en memoria de Buenrostro.

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