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Cuernavaca.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la queja administrativa presentada por la Cámara de Diputados contra Erika Nayeli Torres Santiago, jueza Cuarta de Distrito en el Estado, señalada por actuar de forma irregular en la sustanciación del juicio amparo que promovió el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, contra su desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR).
La queja fue admitida a trámite por el propio ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y enseguida ordenó su instrucción y el envío del expediente para conocimiento de los integrantes de la Unidad General de Investigación y Responsabilidades Administrativas, máximo organismo que resuelve las faltas, delitos y errores administrativos de los jueces federales.
El acuerdo del ministro presidente, expuesto en estrados, se refiere a la queja que presentó la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra la jueza por supuestas irregularidades en la admisión del juicio de amparo y la suspensión que emitió a favor del fiscal morelense.
Uno de los puntos de la queja señala que el comportamiento irregular de la jueza se debe a que su esposo, el litigante Eduardo Giménez de Haro, “guarda relación profesional y de amistad con Uriel Carmona Gándara, por lo que debería existir impedimento jurídico por parte de la citada juzgadora para conocer del juicio de referencia”.
La queja señala asimismo que la jueza ha demostrado parcialidad en el juicio porque los recursos de queja y de revisión interpuestos por el Congreso federal, la Cámara de Diputados del estado, la SEIDO, la FGR y el gobierno de Morelos, no han sido turnados al Tribunal Colegiado.
El caso del fiscal, vinculado a la queja que presentó la Cámara de Diputados contra la jueza, inició en diciembre pasado cuando la FGR inició una investigación de carácter penal en contra del fiscal morelense y encontró elementos para suponer su responsabilidad en delitos de orden federal, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia y así procesar al servidor público de Morelos.
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Posteriormente, en febrero pasado, el fiscal presentó un juicio de amparo que correspondió analizar a la jueza Torres Santiago y le concedió la suspensión para evitar su desafuero hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio de amparo.
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