“No le demos vuelta, en los centros de acopio hubo corrupción y complicidad entre autoridades, políticos y la delincuencia organizada (…) Obviamente no van a encontrar denuncias en las instancias, estamos bajo la ley de plata o plomo”, revelaron productores que aseguran que el proceso de acopio y comercialización del gobierno federal fue controlado por coyotes políticos y grupos del crimen.
De acuerdo con pequeños productores de la zona frijolera del norte del estado, así como de la región centro, que dieron su testimonio a EL UNIVERSAL de manera anónima por seguridad, existen varias formas de operar del intermediarismo durante el proceso de acopio y muchos agricultores se quedan fuera del esquema de precio de garantía de 27 pesos por kilo pagado por el gobierno federal.
Los agricultores admiten que nunca han escapado del coyotaje, antes eran del sector comercial, que aparecían en sus pueblos para comprar sus cosechas a bajo precio, pero desde que hay recursos gubernamentales de por medio, también surgieron los coyotes políticos, que son los propios funcionarios a cargo de esos programas, así como alcaldes y legisladores. Señalan que lo preocupante es que al negocio se sumó el crimen organizado y “se volvió más riesgoso”; advierten que quizá muchos de los recursos públicos “fueron a parar a los bolsillos de funcionarios, políticos y de la delincuencia”.
Las cifras
El gobierno federal inició el proceso de acopio en diciembre pasado con la apertura de 54 centros de acopio de frijol en 17 municipios. La fecha del cierre oficial fue el pasado 30 de abril.
Al dar a conocer los avances del Programa de Acopio de Frijol del ciclo Primavera–Verano 2025, a principios de abril, María Luisa Albores González, directora de Alimentación para el Bienestar, precisó que la meta inicial que se tenía para Zacatecas era acopiar entre 60 mil y 80 mil toneladas, pero, ante la buena producción obtenida y la demanda de los productores, se aumentó a 96 mil toneladas.
Esto significa que la inversión gubernamental fue de 2 mil 592 millones de pesos, que se debió usar para pagar a los productores beneficiados con el precio de garantía de 27 mil pesos la tonelada.
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La funcionaria federal dijo que al corte del 30 de marzo ya se habían acopiado 92 mil toneladas en beneficio de más de 11 mil 400 pequeños productores.
El gobernador David Monreal Ávila dijo que debido a que se registró un buen temporal el año pasado se había obtenido una producción histórica de 491 mil toneladas de frijol, lo que colocó al estado como líder nacional, con 53% de la producción del país.
De acuerdo con los datos vertidos por las autoridades federal y estatal, el programa federal acopió sólo 19.6% de la producción de frijol que se obtuvo en Zacatecas, por ende, 80% quedó fuera del esquema del precio de garantía de pagar a 27 mil pesos la tonelada. Ante ello, el resto se ha visto obligado a malbaratar su frijol entre 8 mil y 10 mil pesos la tonelada.
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Reglas de operación
De acuerdo con las reglas de operación del programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para el ejercicio fiscal 2025, inicialmente se estableció que el pequeño productor podía ingresar en los centros de acopio hasta 15 toneladas; después cambió a máximo cinco toneladas.
Dentro de los requisitos que se establecen es que el beneficiario esté activo en “el Padrón de Productores de Agricultura y/o estar inscritos en alguno de los siguientes padrones: Censo del Bienestar, Producción para el Bienestar u otro que determine la unidad responsable”.
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También se pide presentar el título de propiedad y/o legal posesión, por lo que se debía presentar certificado parcelario, escritura pública o contrato de arrendamiento con soporte documental.
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En las reglas se menciona que a los pequeños productores de maíz y frijol no se les exigirá la cuenta bancaria y para la recepción del pago se establece que se efectuará en los centros de acopio bajo un procedimiento que consiste en acreditar la identidad del productor, así como el análisis de la calidad del grano.
Tras cumplir la norma, se genera el documento de compra y con ello se emite una orden de pago que se habilita en las siguientes 72 horas de su expedición, el cual es pagadero en las instituciones bancarias autorizadas.
Modus operandi
Los entrevistados relatan varios modus operandi detectados en los municipios de la zona frijolera que abarca a los municipios de Sombrerete, Juan Aldama, Miguel Auza, Río Grande y Fresnillo, así como en otras regiones del norte y centro, como Cañitas de Felipe Pescador, Villa de Cos y Guadalupe. Revelan que en octubre pasado, cuando se vieron las buenas cosechas, aparecieron “los operadores de los coyotes políticos y comenzaron a ubicar a los productores que no sembraron sus tierras para comprarles sus folios y así burlar las dichosas reglas de operación”.
Refieren que en el municipio de Cañitas hay un padrón de más de mil ejidatarios, de los cuales sólo 30% o 40% sembraron sus parcelas, pero, “curiosamente en los centros de acopio son los folios que fueron aceptados”.
“Creemos que hay complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Pareciera que en Cañitas uno de los principales operadores fue el alcalde, porque el centro de acopio se habilitó en el Auditorio Municipal, donde sólo entraban las trailas de la gente que ellos determinaban”; señalan que también hubo intimidación de “hombres armados, por eso ni quien se atreva a denunciar”.
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En la región de la zona frijolera también señalan que hubo complicidades de los alcaldes, así como funcionarios estatales del sector agropecuario, legisladores locales y federales: “muchos de esos siempre han estado en la política, cobijados bajo diferentes colores, hoy muchos son guindas”.
Otro modus operandi que denuncian es que el crimen organizado aplicó varios métodos directamente. Uno fue la extorsión, al advertirles que para permitir que entregaran su producción en los centros de acopio, primero debían pagarles en efectivo y, al momento, un porcentaje de lo que recibirían del precio de garantía.
Otra forma fue que les advertían que sus producciones no se las iban a aceptar en los centros y que mejor vendieran al precio que se les estaba ofreciendo, entonces tenían que malbaratar su frijol.
Los entrevistados consideran que los funcionarios y políticos que operaron los centros de acopio engañaron a la presidenta Claudia Sheinbaum porque “sí se excluyeron a muchos productores de a pie. Los que estamos dedicados a nuestras tierras no andamos de revoltosos ni nos interesa que nos vea el crimen, luego nos va peor”, y aclaran que tampoco formaron parte de los frijoleros que se manifestaron, tras afirmar que muchos “son movidos por intereses y grupos políticos, que al presionar también lograron colocar sus cosechas”.
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