Monterrey.— A 13 meses de que fue víctima de un intento de feminicidio por parte de tres hombres, quienes la violaron y le prendieron fuego con gasolina, por lo que la dieron por muerta, Liliana Fernández, una joven de 24 años, madre de cuatro hijos, ha vivido un calvario de dolor sicológico, emocional y físico tras casi una decena de cirugías.
Su esposo, Aldo Flores, señala a EL UNIVERSAL que la familia lucha por conseguir justicia y denuncia que Liliana ha sido revictimizada por las mismas autoridades que inventaron declaraciones que ella no pudo hacer porque estuvo en coma casi un mes.
Cuando Liliana recuperó el conocimiento y denunció la agresión que ocurrió el 26 de marzo de 2022, un sector de la sociedad la acusó de mentir para “estafar” porque pedía apoyo económico.

La joven sobrevivió con quemaduras que le afectaron el rostro y el cuello, lesiones que han requerido tantas cirugías que su esposo ya no sabe si van ocho o nueve con la que esta semana le realizaron en el Hospital Universitario.
Con el acompañamiento de la Fundación Carmen Sánchez, Liliana publicó el pasado lunes en sus redes sociales una solicitud de apoyo para recibir atención médica por una afección en el cuello a raíz de una operación, pues se le infectó y pone en riesgo su vida.
Su esposo Aldo Flores explicó que cuando empezó la infección hablaron a un hospital privado que esperaría a Liliana para realizarle una cirugía sin cobrar honorarios, pero los gastos de hospitalización y tratamiento los cubriría el gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud, por un compromiso realizado por el gobernador Samuel García el pasado mes de noviembre.
Sin embargo, al llegar al hospital les avisaron de la Secretaría Estatal de Salud que sólo podían apoyarlos si la operación se practicaba en el Hospital Universitario, porque si decidían que se le atendiera en un hospital privado, el gasto aproximado de 200 mil pesos sería por su cuenta, expuso el esposo de Liliana.
Aldo pide que se respete el compromiso del gobernador para ser atendida en la clínica privada; no por un capricho, sino porque la primera vez que fue operada en el Hospital Universitario, donde estuvo internada tres meses y medio, hubo negligencia y la piel del cuello se le contrajo por un mal procedimiento.
Desde el día del ataque, Aldo, apoyado por una de sus hermanas, se encarga del cuidado de cuatro hijos: dos niños de ocho y siete años, y dos niñas de cuatro y dos años y medio.
Dice que se les complicó la vida, pues él dejó de trabajar como chofer y se abocó al cuidado de su esposa, de sus hijos y de la casa.
Por ello Liliana ha pedido solidaridad de la gente a través de redes sociales; sin embargo, también es víctima de acoso digital.
Sobre la investigación, Aldo señaló que no hay nada: “Está todo parado, no tenemos noticias, hace un año habían abierto una carpeta, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos dijo que apenas volvieron a retomar el caso, ya hace más de un año y no hay solución, no hay detenidos ni respuesta”.
Aldo asegura que Liliana “ha sido revictimizada”, pues la Fiscalía Especializada en Feminicidios afirmó que “no era confiable” su versión de los hechos, pues, según las autoridades, Liliana dio una versión al ingresar al hospital, donde decía que ella se había causado las lesiones; sin embargo, su esposo dice que “eso era imposible porque estuvo casi un mes inconsciente.
Sobre los presuntos responsables, Aldo dijo que en la fiscalía “tienen nombres y direcciones donde los podían encontrar, pero siguen libres, no sé por qué no han hecho nada”, insistió.
La Fundación Carmen Sánchez que acompaña a mujeres víctimas de ataques con sustancias químicas exige justicia para Liliana, porque asegura este tipo de agresión es una de las violencias más extremas.
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