Jóvenes, el blanco del reclutamiento forzado

Guadalajara.— Desde que la policía de Tlaquepaque inició el operativo en la Nueva Central Camionera (principal terminal de la zona metropolitana de Guadalajara) para identificar personas que posiblemente fueron enganchadas con engaños por grupos delictivos, se han localizado 84 personas consideradas como desaparecidas, de las cuales 42 son menores de edad.

De acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia, las personas localizadas provienen de diversos municipios de Jalisco, así como de Michoacán, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Colima, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México.

Mario Silva Orozco, secretario de Seguridad de Tlaquepaque, explicó que desde que se detectó que la central de autobuses era un epicentro de desapariciones, se implementó un operativo de vigilancia permanente en la zona, incluso se han colocado cámaras capaces de realizar identificación biométrica y eso ha permitido localizar a algunas personas que cuentan con reporte de desaparición.

Sin embargo, explicó que no todas las personas localizadas en estos 20 meses fueron denunciadas como desaparecidas, también hay casos en que los familiares lograron saber que fueron enganchados con engaños y persuadidos de viajar a Guadalajara, por lo que se emitieron avisos de búsqueda para localizarlos al llegar a la ciudad.

“Por lo regular es gente que recibe ofertas de empleo con pagos bastante altos, incluso hemos localizado personas que tienen una carrera académica, licenciatura y también vienen con la promesa de obtener altos sueldos; siempre tienen esa incertidumbre o nerviosismo de que abandonan todo por venir a una oferta laboral y es precisamente como ellos se comportan, temerosos y nerviosos”, dijo.

Silva Orozco contó que, si bien la mayoría de los jóvenes reciben los ofrecimientos a través de redes sociales o videojuegos en línea, hay quienes encuentran anuncios o carteles pegados en las calles.

Las víctimas tienen la instrucción de que al llegar a Guadalajara se muevan a un determinado punto en la misma central de autobuses o a un sitio aledaño para ser contactados, por lo que el operativo de búsqueda y vigilancia que opera con 44 agentes y ocho vehículos también incluye los alrededores de la terminal.

Carne de cañón

En julio de 2025, los cuerpos de Paul Alexander Ávila Aguirre y Carlos Alejandro Estrada Alba fueron localizados en Culiacán tras un enfrentamiento entre las dos facciones que se disputan el control del Cártel de Sinaloa; Paul desapareció dos meses antes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y Carlos, en Zapopan.

Tras recuperar sus cuerpos y entregarlos a sus familias en agosto de ese año, la fiscalía de Jalisco reveló que se tenía detectado que tras el adiestramiento de jóvenes en campamentos ocultos en zonas de difícil acceso o predios como el rancho Izaguirre, muchos de ellos eran enviados como carne de cañón a pelear contra grupos rivales.

En mayo de 2025, Édgar, de 20 años, y Héctor, de 15, decidieron acudir a una oferta de trabajo, pero cuando llegaron al lugar acordado fueron privados de la libertad y sus captores los llevaron por la fuerza a Michoacán, donde los entrenaron para el combate; dos meses después, en julio, ambos fueron localizados en la central camionera de Tlaquepaque cuando se dirigían a Sinaloa.

En junio pasado, el secretario de Seguridad y Protección del gobierno federal, Omar García Harfuch, informó que se tiene documentado que el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene una alianza con la facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, organización a la que han aportado dinero y “personal”.

Usados no sólo para el sicariato

En el Congreso de Jalisco está atascada una iniciativa que busca tipificar como delito el reclutamiento de menores; la propuesta plantea que “comete el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes quien, por cualquier medio, obligue, engañe, induzca, capte, instigue o se aproveche de algún niño, niña o adolescente, con el propósito de que cometa o participe en la comisión de cualquier delito previsto en este Código u otras leyes penales o para realizar actividades que atenten de cualquier forma contra sus derechos, integridad y desarrollo”.

En el documento, la diputada Mónica Magaña Mendoza (MC) recuerda que los Principios y Compromisos de París relativos a los Niños Asociados a Fuerzas o Grupos Armados definen a la niñez y su vinculación a la dimensión armada como “cualquier persona menor de 18 años que haya sido reclutada o utilizada por una fuerza armada o un grupo armado en cualquier tipo de función, entre otros, los combatientes, cocineros, porteadores, mensajeros, espías o con fines sexuales; no se refiere solamente a un niño o una niña que esté participando o haya participado directamente en las hostilidades”.

En entrevista, la diputada explica que, desde hace más de una década, diversos organismos han señalado el vacío legal que existe al no contemplar el reclutamiento de menores como delito, por lo que se intenta avanzar en ese sentido, pero también en la prevención y la generación de información para tener un diagnóstico preciso.

“Por un lado, estamos creando la tipificación en el ámbito de nuestras facultades y atribuciones, sin embargo, la parte más sustantiva tiene que ver con la ley de la prevención y la erradicación del reclutamiento infantil, porque esta es una ley que está precisamente trabajando en dejar un marco jurídico para que los 125 municipios de Jalisco y el Estado creen primero un sistema de prevención en las áreas más complejas; existe algo de información, pero precisamente el primer gran trabajo de esta red y de este sistema será generar la data correspondiente para llevar a cabo las acciones estratégicas, y de esta manera, generar las acciones de prevención”.

Víctimas-victimarios

Magaña señala que durante las mesas de trabajo y la construcción de estas iniciativas se problematizó sobre hasta dónde es o deja de ser víctima un menor reclutado que incurre en una conducta delictiva grave, y como ejemplo recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cometido por un menor de edad.

“Es muy importante distinguir entre la calidad de víctima que le estás dando a las niñas, niños y adolescentes y la responsabilidad penal, porque una no sustituye a la otra; esta ley no está proponiendo un indulto o eliminar la responsabilidad penal de adolescentes entre 12 y 17 años que hayan cometido un delito, la reforma al Código Penal que nosotros estamos proponiendo está dirigida a sancionar a las personas que están reclutando a las niñas, niños y adolescentes y lo que tendría que ser la mayor apuesta del Estado es a la no reincidencia de los menores”, dice.

Opina que urge la aprobación de estas leyes, sobre todo porque se avecina un proceso electoral que podría entorpecer la discusión de este asunto en el pleno del Poder Legislativo, sin embargo, dice que hay disposición de sus compañeros para sacar estas reformas y estima que puedan promulgarse en noviembre próximo, a tiempo para incluirlas en la asignación del presupuesto de 2027.

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