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La organización ecologista Greenpeace México presentó dos denuncias populares por el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México a principios de febrero, el cual dejó daños en el medio ambiente.
La primera denuncia fue ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) donde se reportaron los posibles impactos ambientales, sociales y de salud en comunidades costeras a lo largo del litoral.
La segunda fue por responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que se investiguen posibles actos y omisiones relacionados con el manejo del derrame y el ocultamiento de información.
Greenpeace México pidió que las autoridades investiguen e identifiquen a las personas responsables de la contaminación, garanticen la recuperación integral de ecosistemas marinos y costeros afectados, aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados y establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas.
La acción legal ocurre después de que organizaciones civiles y habitantes de la región documentaran la presencia de chapopote en más de mil 100 kilómetros de costas, desde Tabasco hasta Tamaulipas.
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Fue primero de marzo cuando se tuvo registro del inicio de la llegada de contaminación por hidrocarburos en la línea costera entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco.
Las manchas de hidrocarburo se extendieron al resto de la costa del estado de Veracruz y Tamaulipas en las semanas siguientes, ocasionando daños a ecosistemas costeros y marinos clave como manglares y el Corredor Arrecifal del Golfo de México.
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Las denuncias también toman en cuenta que Pemex admitió públicamente que servidores públicos de la empresa petrolera ocultaron información sobre el derrame mientras poblaciones enteras sufrían los impactos de las arribazones de hidrocarburos a las costas.
Entre los hechos reconocidos por la empresa se encuentran la pérdida de integridad mecánica y reparación de un oleoducto no reportados, el ocultamiento de información sobre agua oleosa recuperada y la demora de ocho días para cerrar completamente la válvula principal tras detectarse el derrame a principios de febrero.
El escrito presentado por Greenpeace México también solicita que Pemex, la ASEA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y demás autoridades competentes entreguen toda la información relacionada con el derrame ocurrido entre febrero y abril.
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Y se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes, se impongan las sanciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en caso de acreditarse las conductas denunciadas y se dicten medidas para garantizar la no repetición, la reparación integral del daño ambiental y la transparencia en la atención del caso.
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