Hace unos días, una influencer jurídica afirmó en un podcast que las personas pobres o con menor nivel educativo no deberían votar. La frase provocó indignación, debates y cientos de reacciones. Muchas personas salieron a refutarla. Otras intentaron justificarla. Pero, más allá de la polémica pasajera, hay una pregunta que vale la pena hacernos, sobre todo en el Día de la Abogacía: ¿por qué este tipo de discursos siguen encontrando eco dentro del gremio jurídico?
La respuesta, aunque incómoda, no es nueva. El derecho ha sido, históricamente, una de las instituciones que más ha reproducido las desigualdades sociales. Paradójicamente, la profesión encargada de acercar la justicia ha terminado muchas veces construyendo barreras para acceder a ella. Barreras económicas, académicas, de género, de clase y de raza.
Por eso la declaración de esta abogada no me sorprendió. Me preocupa, sí. Pero sorprenderme, no. Durante décadas el ejercicio del derecho estuvo reservado para una élite: hombres provenientes de determinados círculos sociales, egresados de ciertas universidades y con acceso a espacios de poder que pocas personas podían ocupar. Aunque esa realidad ha cambiado parcialmente, muchas de esas lógicas siguen presentes.
Hoy hay más mujeres estudiando Derecho que nunca. Existen más voces jóvenes, más personas litigando desde organizaciones civiles, más defensoras de derechos humanos y más abogados que entienden la profesión como una herramienta de transformación social. En los últimos treinta años también hemos visto cómo el lenguaje jurídico ha cambiado para reconocer a personas y violencias que antes simplemente eran invisibles.
Nada de eso ocurrió por generosidad del Estado. Ha sido resultado del trabajo de colectivas feministas, organizaciones civiles, pueblos indígenas, personas de la diversidad sexual, familias buscadoras y miles de litigantes que empujaron cambios legales y jurisprudenciales para ampliar derechos.
Sería injusto afirmar que todas las personas abogadas reproducen discursos clasistas, racistas o misóginos. No es cierto. Muchas han dedicado su vida precisamente a combatir esas desigualdades.
Pero también sería ingenuo negar que esos discursos siguen profundamente arraigados dentro del gremio.
Persisten cuando se desprecia a quien estudió en una universidad pública. Cuando se considera que sólo ciertas facultades forman “verdaderos juristas”. Cuando se ridiculiza a quien ejerce la profesión desde la defensa pública. Cuando se asume que el conocimiento jurídico pertenece exclusivamente a quienes tienen determinados privilegios económicos o culturales.
No tener estudios, deberían tener menos derechos políticos.
No es un comentario aislado. Es la expresión de una forma de entender el derecho como un privilegio y no como un servicio público.
Quizá el problema más grave es que, con el auge de los creadores de contenido jurídico, impulsado en parte por la discusión de la reforma judicial, aunque muchos ya existían antes, ese tipo de ideas ahora circulan con mucha más facilidad. Lo preocupante no es sólo que existan; es que se normalicen y encuentren espacios donde se presentan como opiniones respetables.
Quienes ejercemos el derecho tenemos una responsabilidad distinta.
No basta con conocer las leyes. También debemos preguntarnos para quién sirven esas leyes y desde qué lugar hablamos cuando las explicamos.
Porque el conocimiento jurídico nunca puede convertirse en una herramienta para excluir. Al contrario: debería servir para traducir, acercar y democratizar la justicia.
En este Día de la Abogacía quizá la conversación no debería limitarse a las felicitaciones, las fotografías de toga o las reuniones entre colegas. Tal vez sea momento de hacer una autocrítica como profesión.
¿Qué estamos haciendo para que el derecho deje de ser percibido como un espacio hostil? ¿Qué hacemos para que una persona no necesite dinero, contactos o un lenguaje técnico para defender sus derechos? ¿Qué tanto seguimos reproduciendo las mismas estructuras de privilegio que decimos combatir?
El verdadero prestigio de una profesión no está en cerrar las puertas del conocimiento, sino en abrirlas. El derecho no existe para quienes lo estudiamos. Tampoco para quienes dominan su lenguaje o acumulan títulos. Existe para todas las personas.
Y la justicia, si realmente merece llamarse así, nunca puede construirse desde el desprecio hacia quienes menos tienen.Me gusta mucho el eje que planteas. Lo reforzaría moviendo el foco de la influencer hacia el problema estructural: el clasismo dentro del derecho. Eso hace que la columna envejezca mejor y evita que parezca una respuesta personal. También le daría un cierre más potente, conectando el Día de la Abogacía con una responsabilidad ética.
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gs