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Cuernavaca, Mor.- En el feminicidio de Sandra Rosa Camacho Flores, integrante de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afro Mexicanas del Estado de Morelos (UMCIAMEM), se agotarán todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades, afirmó el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.
El fiscal aseguró que citarán a declarar a todas las personas que puedan aportar información, incluso al presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, del PVEM, quien ha declarado que con Sandra sostenía marcadas diferencias.
Sandra, crítica de la violencia que envuelve al municipio de Temoac, oriente del estado, señaló en reiteradas ocasiones los presuntos nexos del edil con células delictivas. La tarde del jueves un grupo armado irrumpió en un domicilio y la asesinó.
En el pueblo recuerdan que en agosto de 2025 Sandra aprovechó la visita de la gobernadora Margarita González Saravia para señalar la presencia de las células delictivas y del avance del “cobro de piso” en Temoac. Detrás de la gobernadora estaba el edil escuchando todos los señalamientos contra su administración.
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Dos meses después, en octubre de 2025, Sandra acompañó a la delegación de la UMCIAMEM en la reunión que sostuvieron con el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, para demandar respeto de los sistemas normativos que dieron origen a Temoac, primer municipio indígena en el estado.
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“En Temoac, la rotación de cargos entre las cuatro comunidades que lo integran ha sido fundamental para evitar la concentración del poder, sin embargo, Sandra denunció que el actual presidente municipal no respetó este principio y vulneró los usos y costumbres aprobados por las asambleas. Así lo expresó al ministro presidente Hugo Aguilar”, contó José Martino Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos de Morelos y de la delegación que acudió a la SCJN.
El crimen de Sandra recibió la condena de la UMCIAMEM, cuya dirigencia lamentó el feminicidio y resaltó que su compañera “había denunciado públicamente las amenazas de que era víctima por parte de autoridades vinculadas a quienes cometen delitos impunemente”.
Al gobierno de Morelos demandaron una investigación a fondo para castigar a los asesinos materiales e intelectuales, y a detener esta ola de violencia e inseguridad que termina golpeando a toda la sociedad y dañando gravemente el tejido social.
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