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Familiares de Eugui Roy Martínez, joven ambientalista asesinado hace seis años, prendieron fuego a un ataúd la noche de ayer frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca, para denunciar la impunidad que persiste en este crimen y el abandono institucional.
Hasta ahora, denunciaron, no existen avances en las investigaciones para encontrar y castigar a los responsables de su asesinato.
En tanto que, como víctimas indirectas, tuvieron que desplazarse de manera forzosa de su comunidad a causa de la violencia y con el objetivo de garantizar su integridad física. Esto provocó que perdieran sus fuentes de empleo y estabilidad económica.
“No sólo nos arrebataron a una persona amada y comprometida con la vida; también fuimos despojados de nuestra estabilidad, de nuestro hogar y de nuestra forma de vida. Somos una familia desplazada, obligada a abandonar nuestro territorio y nuestra fuente de trabajo a causa de la violencia y de la falta de garantías para nuestra seguridad”.
Eugui Roy de 21 años de edad e integrante de la Organización para la Conservación del Medioambiente en Oaxaca, fue asesinado en el rancho Magnolia ubicado en la comunidad de Tierra Blanca del municipio de San Agustín Loxicha.
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Como activista ambiental y estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, realizaba actividades de protección de especies de serpientes y víboras en esta región del estado.
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“Han sido seis años de dolor, de ausencia y de una lucha constante por verdad y justicia que, hasta este día, sigue enfrentándose al abandono institucional y a la impunidad”, señalaron. Su asesinato transformó profundamente la vida de toda una familia y dejó consecuencias que continúan hasta el presente”, manifestaron.
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Sus familiares afirmaron que la falta de respuestas, la ausencia de resultados concretos y la negligencia institucional han prolongado su sufrimiento y los han obligado a vivir en la incertidumbre y en la desprotección.
“La impunidad no termina con el crimen: se extiende cada día que las autoridades omiten su responsabilidad de investigar y garantizar justicia”.
Durante la protesta, exigieron a la Fiscalía General de Oaxaca avances reales en la investigación y garantías de su seguridad, “para que ninguna otra familia tenga que vivir el abandono, la revictimización y el desarraigo que hemos enfrentado”.
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