Para destacar la riqueza cultural de México, sus lenguas y tradiciones, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este 15 de septiembre se celebrará en Palacio Nacional una “Guelaguetza Nacional”, símil de la festividad oaxaqueña en la que los pueblos originarios conviven y muestran su esencia.
En contraparte a este “reconocimiento”, especialistas consideran que aunque en el discurso del gobierno federal se enarbola a los pueblos indígenas a través de su folclor, por otro lado se desestiman las leyes que los protegen y se viola reiteradamente sus derechos.
“Es un discurso supuestamente donde se dice que primero los pobres y en los hechos es una guerra contra los pueblos indígenas”, dice Gilberto López Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Como ejemplo habla de la reiterada violación a los convenios internacionales firmados por el Estado mexicano como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
En ellos, señala, se establece cómo deben realizarse las consultas a los pueblos originarios en proyectos o acciones que afecten sus territorios: previas, informadas y culturalmente adecuadas.
“El problema en sí es cómo se manipulan supuestas consultas para llevar a cabo los megaproyectos que se intentan impulsar nuevamente con este gobierno”.
Por ejemplo, explica, se están realizando “consultas” en el Istmo de Tehuantepec para la “imposición” de megaproyectos, para una reforma constitucional en materia de derechos indígenas, así como las que se desarrollaron para el proyecto integral de Morelos.
“El problema es que no cumplen ni en forma ni en contenido. Se hacen a modo, sin información, preparadas de antemano por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Lo que resulta una burla de ese derecho”.
Por ello, el investigador afirma que las consultas de este gobierno “son una simulación del derecho a la consulta de los pueblos originarios”. Y agrega: “La normatividad existe, lo que no hay es voluntad política para respetar ese derecho”.
Sobre la propuesta del Presidente de reducir 40% el presupuesto para el INPI, señala que con “el recorte sólo va a alcanzar para pagar los sueldos de la más alta burocracia del INPI”.
Gilberto López recalca que el INPI ahora es el brazo político de la 4T en lo que corresponde a los indígenas, para impulsar “sus megaproyectos de muerte”; mientras que la Guardia Nacional es su aparato de fuerza para imponerlos.
“La Guardia Nacional no está concentrada en los lugares de mayor incidencia del crimen, está en estados donde hay resistencia contra megaproyectos, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero”.
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