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Tuxtla Gutiérrez.- Chiapas se sumó este miércoles a los estados que han incorporado en su código penal la denominada Ley Ingrid, que sanciona hasta con seis y hasta ocho años de prisión a servidores y funcionarios públicos que, en procuración y administración de justicia, compartan y difundan información e imágenes que revictimicen a las personas.
El Congreso de Chiapas aprobó en sesión extraordinaria la adición del artículo 424 bis al Código Penal en materia de delitos cometidos en la procuración e impartición de justicia.
Dicho ordenamiento busca garantizar la dignidad y el respeto hacia las víctimas de violencia y evitar que servidores y funcionarios públicos compartan información e imágenes que revictimicen.
El presidente de la Mesa Directiva de la 69 Legislatura local, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, expuso que principal y desafortunadamente quienes comparten las imágenes en Chiapas "han sido servidores públicos".
"Los primeros respondientes, normalmente los primeros que llegan a las escenas del delito. Esta ley va enfocada únicamente para ellos", precisó.
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La referida ley derivó del caso Ingrid Escamilla, una joven víctima de feminicidio en Ciudad de México en 2020.
Ese hecho violento conmocionó al país por el escenario de circunstancias en que ocurrió y porque la joven fue doblemente victimizada por las imágenes que sobre los hechos fueron compartidas por funcionarios públicos.
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Después del suceso fue creada la Ley Ingrid que sanciona con dos a seis años de prisión a servidores públicos que indebidamente difundan, entreguen, revelen, publiquen, indicó la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez.
Así como también transmitan, expongan, remitan, distribuyan, audio graben, fotografíen, reproduzcan, comercialicen, oferten, intercambien o compartan imágenes, audios, videos, información reservada y documentos del lugar de los hechos y del hallazgo, detalló la legisladora.
Aguiar Álvarez presentó esa iniciativa de reforma penal para Chiapas porque, afirmó, el dolor de una familia no debe convertirse en contenido viral.
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"La sangre de una víctima no debe ser usada como titular sensacionalista. Su dignidad, incluso en la muerte nos obliga a elevarnos como sociedad y a dignidad”, enfatizó la representante del Partido del Trabajo.
Con la aprobación de esa ley, Chiapas se sumó este miércoles a los estados que han incorporado la Ley Ingrid para evitar la exposición mediática de la violencia y fortalecer el acceso a la justicia con visión y perspectiva de los derechos humanos.
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La Legislatura local puntualizó que la citada ley castiga con dos a seis años de cárcel, y con agravantes, de tres a ocho años de prisión.
afcl/LL
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