Monterrey, Nuevo León.— Al cumplirse este domingo, seis años de un derrame de crudo que afectó las parcelas y huertas de 2 mil 100 campesinos de seis ejidos de Cadereyta , por una supuesta toma clandestina en un ducto de Pemex , ante la falta de justicia, desde la pasada administración federal, los afectados abandonaron la lucha por exigir una indemnización a la empresa pública.
Don Francisco Gutiérrez, uno de los líderes de aquella exigencia, reconoció que “ya no se puede más”, y su reclamo lo dejaron como cosa perdida, “nadie le quiso mover más, seguimos en las mismas condiciones, pero para andar uno solo, como que ya no costea”.
En ese tiempo, recordó, “nos dejaron solos, anduvimos para arriba y para abajo” reclamando una indemnización que ascendía a cuatro mil millones de pesos por daños presentes y futuros en más de mil cien hectáreas que dedicaban a la siembra de maíz y la citricultura .

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Pero al ver la falta de justicia y cerrazón en las distintas instancias estatales y federales, ya no se quisieron meter en problemas, aunque cada vez que llueve “se suelta el mugrero”, es decir, aflora de nuevo la contaminación de crudo . Sin embargo, dice, ya no tiene caso seguir peleando.
Y dado que, en aquellos años, los apoyaba directamente el sacerdote José Manuel Guerrero Noyola , párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced del ejido San Juan, desde que lo cambiaron a otro templo, ya nadie se quiso meter, “me dejaron solo y después ya ni yo quise pelear, dejamos todo por la paz ”.
El 16 de agosto de 2014, se registró una gigantesca fuga de petróleo crudo en el oleoducto Ciudad Madero-Cadereyta en el ejido La Fragua . La mancha de crudo contaminó parcelas, acequias, norias y canales de irrigación, para luego recorrer unos 18 kilómetros a lo largo del río San Juan .
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Aunque la versión oficial fue que se trató de una fuga a causa de una toma clandestina realizada por el crimen organizado , los campesinos afirmaron que trabajadores de Pemex les aseguraron que fue debido a negligencia o errores de una empresa privada que realizaba reparaciones.
Según los campesinos, el derrame de crudo afectó a los habitantes de Santa Isabel y Dolores , Tepehuaje , La Concepción , San Juan , Soledad Herrera y La Haciendita , quienes además de que sufrieron contaminación de algunas de sus parcelas o de las acequias para riego, quedaron impedidos de utilizar agua de sus norias o del río San Juan para el mismo fin.
El 29 de agosto de 2014, trece días después del desastre ecológico, el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin , acudió al ejido Dolores para supervisar las labores que cientos de trabajadores de Pemex y lugareños contratados por la empresa BASA ( Biotecnología Aplicada al Saneamiento Ambiental ) realizaban para limpiar el hidrocarburo del cauce del río San Juan.
Cuestionado el funcionario de Pemex, sobre la exigencia de indemnización que planteaban los ejidatarios, porque no habían podido regar sus parcelas y por la contaminación de sus tierras, declaró "en cuanto a cualquier consecuencia derivada del derrame, que no fue causado por Pemex, estaremos coadyuvando para dar con los responsables y que se pueda compensar a cualquier persona que haya sido afectada ".
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Lozoya afirmó que Pemex había sido víctima del derrame, pues para entonces ya había erogado 150 millones de pesos para limpiar las acequias y el río San Juan. Asimismo, afirmó que según dictámenes de instituciones independientes, no había afectaciones a las norias que abastecían a los campesinos , y tampoco había daños a la agricultura.
El ocho de octubre de 2014, en representación de 2 mil 100 campesinos de seis ejidos se presentó ante la sala local del Tribunal Federal de Justicia Administrativa , una demanda de indemnización a Petróleos Mexicanos por daños registrados en sus parcelas y huertas de naranja.
Pemex respondió fuera de tiempo que no hubo daños por el derrame y señaló que el caso debió presentarse en una sala especializada en materia ambiental de la Ciudad de México, donde se indicó a los campesinos que el caso era competencia de la sala de Monterrey , por lo que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tendría que resolver a dónde debería turnarse el expediente, lo cual fue considerado por la representación legal de los campesinos como una argucia para ganar tiempo y hacer desistir a los quejosos.
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En paralelo, los campesinos presentaron una demanda por daños y perjuicios ante un juzgado federal de la Ciudad de México; pero pasó el tiempo sin que el juez enviara peritos a las comunidades de Cadereyta, para recabar informes, a fin de que pudiera emitir un fallo bien fundado.
Al realizar un recuento sobre el caso, el sacerdote José Manuel Guerrero Noyola, que acompañó la lucha de los campesinos desde su labor pastoral en la parroquia del ejido San Juan, recordó que, en el ámbito estatal, funcionarios de la administración del ex gobernador Rodrigo Medina borraron los estudios de contaminación que realizó el Instituto del Agua por el derrame de petróleo. En ese tiempo, dijo, el director del instituto del Agua era Humberto Vela del Bosque .
En abril de 2016, ya en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón , dijo Guerrero Noyola, el mismo Instituto, entonces a cargo de Daniel Salas Limón , reportó al Juzgado Tercero en Materia Civil , donde los campesinos promovieron un juicio de Responsabilidad Ambiental , que no localizaron información física y digital sobre los estudios de contaminación del agua a raíz del derrame de 2014, ya que los equipos de cómputo fueron formateados por el personal de la administración anterior.
La información solicitada por el Juzgado era referente a once reuniones celebradas entre funcionarios de la empresa estatal Servicios de Agua y Drenaje y Pemex en septiembre de 2014. Por ese tipo de obstrucciones a la justicia que reclamaban los ejidatarios, prefirieron desistir de su lucha, aunque en los mencionados ejidos de Cadereyta “el agua sigue sin ser potable, el aire sin ser respirable y la tierra sin ser cultivable”, comentó el sacerdote Guerrero Noyola.
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