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Familiares y amigos de cuatro policías del municipio de Ixhuatlán del Sureste - detenidos como presuntos responsables de delitos contra la salud- se manifestaron y bloquearon una importante carretera del sur de Veracruz.
Los inconformes bloquearon la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del municipio de Nanchital, para defender la inocencia del comandante y los tres oficiales aprehendidos el pasado viernes.
Con pancartas en mano, llamaron a la Fiscalía General del Estado a no fabricar culpables y respetar los derechos de los cuatro agentes durante su proceso penal y denunciaron que fueron trasladados a un penal en el centro del estado.
Los manifestantes revelaron que los cuatro habían sido trasladados al penal de Coatzacoalcos, pero luego que un juez calificó como legal su detención, los trasladaron hasta el penal de La Toma en Amatlán de los Reyes, en la zona montañosa central de Veracruz.
Ante ello, revelaron que su defensa interpuso un amparo en contra de dicho traslado, al considerarlo ilegal y contrario a los derechos humanos de los oficiales y de sus familiares.
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La protesta se centró en pedir no fabricar culpables. Y es que las autoridades ministeriales reportaron oficialmente que los policías habían sido detenidos por delitos contra la salud, sin embargo en distintas filtraciones –un hecho común en el caso- los señalan de estar supuestamente vinculados con la desaparición y privación ilegal de la libertad de Roxana Ramírez, propietaria del portal Pulso Informativo Nanchiteco.
El día de la detención de los policías Ismael "N", Juan Carlos "N", Luis Enrique "N" y Julio César "N", las autoridades del municipio de Ixhuatlán del Sureste, aclararon que de manera oficial no han recibido información sobre las "causas que motivaron dicho procedimiento".
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En un comunicado de prensa, informaron que se brinda apoyo jurídico a los agentes y a sus familiares para que puedan conocer de su situación legal.
“El Gobierno Municipal expresó su absoluto respeto a las instituciones encargadas de la procuración de justicia y confianza en que las actuaciones se desarrollarán con estricto apego a la legalidad, al debido proceso y al respeto de los derechos humanos.
LL
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