A cinco años de las inundaciones en Tula, damnificados acusan obras inconclusas; temen nuevos desbordamientos
Durante la madrugada del 6 y 7 de septiembre de 2021, una fuerte lluvia originó una inundación en Tula que dejó más de 70 calles afectadas y 17 personas sin vida
Pachuca. - A cinco años de las inundaciones que afectaron Tula, Hidalgo, y que dejaron 17 personas sin vida, así como alrededor de 70 mil damnificados, la Gran Asamblea de Damnificados de Tula acusó que persisten obras inconclusas, deficiencias en la planeación y riesgos para la población, además de que el Gobierno federal ha incumplido con las familias afectadas.
Durante la madrugada del 6 y 7 de septiembre de 2021, una fuerte lluvia originó una inundación en Tula que dejó más de 70 calles afectadas y numerosas familias que perdieron todo su patrimonio, así como 17 personas sin vida en el hospital del Seguro Social.
A cinco años de que ocurrió este siniestro, los habitantes de esta ciudad, quienes se agruparon en diversas organizaciones, entre ellas la Gran Asamblea de Damnificados, acusaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de México mantienen pendientes con los afectados, ya que las familias no han logrado recuperarse de sus pérdidas patrimoniales.
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También aseveraron que durante estos cinco años se han mantenido la falta de planeación, la indiferencia y la corrupción de autoridades municipales y de instituciones federales, además de obras inconclusas que ponen en riesgo no sólo el patrimonio, sino también la seguridad de la ciudad.
“El río Tula se ha convertido en una mina de dinero para empresas que continúan utilizando nuestra desgracia como pretexto para enriquecerse. Estamos lejos de hacer justicia después de cinco años. Sin embargo, Tula sigue de pie y quienes vivimos esta tragedia también”.
Hicieron un llamado a la sociedad a organizarse y fortalecer las asociaciones y agrupaciones que defienden el derecho a una vida digna, en medio de un ambiente saludable y seguro.
Tras las inundaciones, Conagua anunció trabajos de desazolve y ampliación del río, adecuaciones de puentes, rectificación del cauce, construcción de bordos y actualización de protocolos para disminuir el riesgo de nuevos desbordamientos; sin embargo, los damnificados acusaron que estas acciones no se han concretado en su totalidad.
Los afectados de esta ciudad aún mantienen una lucha por la seguridad de sus viviendas, así como la exigencia de que el Gobierno cumpla con las obras anunciadas y que exista infraestructura que garantice que no vuelva a repetirse una inundación como la de 2021.
A cinco años, destacaron que existe el riesgo de nuevas inundaciones, por lo que incluso la Diócesis de Tula hizo un llamado a no normalizar el peligro durante la temporada de lluvias y pidió mantener las medidas de prevención ante una emergencia.
El obispo Juan Pedro Juárez Meléndez señaló: “La protección de la vida no puede estar subordinada a intereses”. Destacó que lo sucedido el 7 de septiembre no sólo fue una desgracia natural, sino la suma de una lluvia atípica y de decisiones humanas, entre ellas la falta de mantenimiento y regulación del río, el desfogue de presas sin aviso suficiente y coordinado a la población, la ocupación de zonas de riesgo sin planeación y la ausencia de un sistema de alerta temprana que llegara a todos, así como de protocolos claros de Protección Civil.
De esta manera, también hizo un llamado a las autoridades para que no se normalice la emergencia y subrayó la urgencia de contar con obras hidráulicas concluidas y con mantenimiento real, no sólo anunciadas; un Atlas de Riesgos actualizado y vinculante, así como una reubicación digna y apoyos efectivos para quienes viven en riesgo inminente.
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