Durante décadas, millones de mexicanos podían ir y venir para laborar en nuestro vecino país del norte de manera estacional, y regresar a casa cada año. Eran migrantes, no emigrantes.

Al inicio del siglo XXI, tres factores casi terminaron con la circularidad migratoria: los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera detonada en el otoño de 2008, y el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses.

Hoy la mayor parte de los migrantes mexicanos van a trabajar a Estados Unidos en sectores no agrícolas y no estacionales. Sin embargo, ingresar a territorio estadounidense sin papeles y laborar sin ellos, una falta administrativa, pasó a convertirse en un delito castigado con pena de cárcel.

Si prohíbes la entrada, en los hechos también prohíbes la salida: ello contribuyó a que los trabajadores mexicanos quisieran a toda costa quedarse en suelo estadounidense, ante la imposibilidad de visitar a su familia en México y reingresar a Estados Unidos.

El gobierno del presidente Obama deportó casi dos millones de trabajadores mexicanos entre 2009 y 2016.

La histeria antiinmigrante se recrudeció con el discurso de odio de Donald Trump.

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Gane o pierda Trump, con muro o sin muro, Estados Unidos seguirá demandando trabajadores mexicanos, desde mano de obra para la agricultura y la construcción, hasta profesionales altamente especializados del sector servicios.

‘Una frontera común, un futuro común’: http://www.cgdev.org/sites/default/files/CGD-shared-border-shared-future-report-es.pdf es una propuesta para regular la movilidad laboral entre Estados Unidos y México.

Ernesto Zedillo por México y Carlos Gutiérez por Estados Unidos presidieron el grupo de trabajo, impulsado por Nancy Birdsall, presidenta del Centro para el Desarrollo Global, un centro de pensamiento localizado en Washington DC.

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El TLCAN no logró hacer converger los salarios entre los dos países, y sólo previó un puñado de visas para profesionales altamente calificados.

Ya estoy oyendo los gritos de gente adversa: ¡cómo se les ocurre, la nueva propuesta no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada, ni siquiera va a despegar, espérense a un mejor clima!

El momento propicio para una cooperación renovada es ahora, dicen los autores del informe, y tienen razón.

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La prohibición sólo crea mayores problemas: el vacío de políticas bilaterales genera un extenso mercado negro laboral transfronterizo. Una regulación flexible y basada en la cooperación es el camino a seguir.

La propuesta se limita a los flujos futuros de trabajadores, con incentivos a que regresen a su lugar de origen, y deliberadamente no se ocupa de los trabajadores que ya se encuentran en territorio estadounidense.

Apunta a captar beneficios económicos comunes con flexibilidad frente a condiciones cambiantes, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los trabajadores estadounidenses y mexicanos.

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La clave está en preguntarnos quién gana con esta propuesta.

La política económica debe orientarse a promover los intereses de las mayorías, no de un pequeño puñado de privilegiados.

En México tenemos una larga historia de exigir el respeto a los derechos de los mexicanos afuera mientras aquí violamos sistemáticamente la libre afiliación sindical y el acceso a la justicia laboral.

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Tanto México como Estados Unidos necesitamos escuchar las razones del malestar de nuestros trabajadores, que son la mayoría de la población en ambas sociedades.

Un convenio laboral bilateral entre México y Estados Unidos, debe ganarse la aprobación y la confianza de los trabajadores y los empleadores de ambas naciones, generándoles beneficios comunes. Sólo así podremos edificar un futuro común.

Profesor asociado en el CIDE

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@Carlos_Tampico

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